Según las conclusiones provisionales del ministerio público, el procesado fue captado en septiembre de 1990 por la integrante de la banda terrorista Isabel Santamaría, que en la actualidad se encuentra en situación de rebeldía y para la que el fiscal solicita 10 años decárcel por estos mismos hechos.

El 27 de agosto de 1991, los dos acusados llegaron a Córdoba, desde donde se trasladaron en autobús a la localidad de Villafranca, hasta llegar al kilómetro 210 del oleoducto, propiedad de la empresa Campsa.

Una vez allí, colocaron un artefacto explosivo de fabricación casera compuesto por 3 kilos de pentrita, que estalló a las cinco menos cuarto de la madrugada causando la rotura del oleoducto y el corte automático del suministro de carburante. Los daños provocado ascendieron, según los peritos, a más de 14 millones de pesetas.

El fiscal estima que los hechos constituyen sendos delitos de estragos y terrorismo, por los que reclama una pena de 3 años de prisión menor para Alegret y 10 años para la procesada en rebeldía.

Alegret fue detenido en Alicante unos días más tarde y, desde el primer momento, reconoció su participación en los hechos tanto en las declaraciones policiales como en las judiciales.