Bautista, quien acusa a Arizcuren de un delito de atentado, dos de asesinato frustrado y seis delitos de detención ilegal, hizo esta petición en el juicio que la Sección Segunda de la Audiencia Nacional celebró hoy contra el etarra.

El acuerdo por el que Francia extraditó a Arizcuren a España en 2001 excluía los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia ilícita de armas y de explosivos, estragos, allanamiento de morada y coacciones.

Al inicio del juicio, Arizcuren hizo el ya habitual alegato que realizan los etarras cuando son juzgados y dijo ser "militante de ETA" y no tener la intención "de formar parte de este teatro". También pidió a su abogada que no ejerciese ningún tipo de defensa.

Los hechos por los que se le juzga se remontan a 1985, cuando Arizcuren era miembro del "comando Araba" de ETA junto con los también etarras Juan Carlos Arruti, ya condenado por estos hechos, María Soledad Iparraguirre, quien se encuentra cumpliendo condena en Francia, y Eusebio Arzallus.

En abril de 1985, los integrantes del "comando Araba" planearon cometer un atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Llodio (Álava), ya que habían sido informados de que una pareja de agentes salía todos los días a las 23.00 horas para patrullar, según expuso el fiscal.

150 KILOS DE GOMA 2

Los terroristas prepararon en un caserío de Menagaray (Álava), propiedad del etarra Ángel Viguri, tres cajas metálicas en las que introdujeron en total 150 kilos de dinamita goma 2 y en las que metieron también numerosas traviesas de ferrocarril a modo de metralla.

El 1 de mayo de ese año, Arzallus y Arruti se desplazaron hasta la localidad de Miravalles (Vizcaya), en donde, a punta de pistola, se apoderaron de un coche y retuvieron al propietario contra su voluntad.

En ese momento, se unieron al grupo Arizcuren e Iparraguirre y se dirigieron, con el conductor en el asiento trasero del coche, hasta el caserío de Menagaray donde cargaron las cajas metálicas con los explosivos.

Acto seguido se desplazaron hasta Llodio, donde, sobre las 22.00 horas, aparcaron el vehículo a unos 40 metros del Cuartel de la Guardia Civil, dejando el dispositivo preparado para estallar por control remoto.

Tras colocar el coche y activar el sistema remoto, los cuatro etarras irrumpieron a punta de pistola en un domicilio situado frente al cuartel, en donde retuvieron al matrimonio propietario de la vivienda, a sus tres hijos y al dueño del vehículo robado.

Allí esperaron a que la patrulla de la Guardia Civil de la que habían sido informados abandonara el cuartel, hecho que finalmente no se produjo por lo que los etarras decidieron buscar un nuevo objetivo.

Finalmente, sobre las 3.15 horas de la madrugada del 1 al 2 de mayo, los etarra observaron un "Land Rover" de la Guardia Civil, ocupado por dos agentes, que se acercaba a la puerta del cuartel, por lo que decidieron hacer estallar la bomba del vehículo.

Si bien los etarras no consiguieron su objetivo, es decir, asesinar a los dos guardias civiles, la explosión provocó numerosos destrozos en el cuartel y en los vehículos colindantes.

En la huida del domicilio, los etarras dejaron olvidada una pistola y la policía encontró en la vivienda varias huellas con las que pudieron identificar a Iparraguirre, Arizcuren, Arruti y Arzallus.

NUEVA DOCTRINA DEL SUPREMO

En este juicio se aplicó por primera vez en la Audiencia Nacional la doctrina del Tribunal Supremo que estipula que una persona que ya haya sido procesada por lo hechos que se juzgan tiene derecho a negarse declarar como testigo.

Acogiéndose a esta doctrina, los etarras Juan Carlos Arruti y Ángel Viguri, quienes ya habían sido procesados por este atentado, se negaron a declarar.

Tras escuchar a los testigos y los argumentos de las partes, el presidente del tribunal, el juez Fernando Bermúdez de la Fuente, declaró el "visto para sentencia".