En concreto, el fiscal pide para Almorza, que permanece en Francia tras ser detenido en París el 6 de agosto de 1993, un total de 26 años y 6 meses de cárcel y multa de 750.000 pesetas, por considerarle autor de un delito de pertenencia a banda armada, dos delitos de amenazas con propósito conseguido y de 5 delitos de amenazas sin propósito conseguido.

Además, considera autores de los mismos delitos a José Javier Lazkano, Iñaqui Arrietaleaniz, Luis Echevarra y José Ramón Ayastuy, aunque pide para cada uno de ellos una pena de 22 años y 6 meses de prisión, y multa de medio millón de pesetas.

Según el relato del fiscal, Carlos Almorza, responsable entre 1992 y 1993 del "aparato financiero" de ETA, decidió en el último trimestre de 1992 la creación de un grupo de personas que se encargaran de la actividad extorsionadora a los empresarios vascos, para lo que captó a los otros 4 procesados.

Almorza era quien seleccionaba los empresarios a extorsionar enregando, en las citas que mantuvo en Francia con los miembros del grupo, diferentes remesas de sobres que contenían las cartas intimidatorias que remitían a sus víctimas.

Según el fiscal, una vez enviadas las misivas, los procesados Iñaki Arrieteleaniz y José Javier Lazkano eran los encargados de telefonear a los empresarios para confirmar si habían recibido las cartas.

Posteriormente, los terroristas procedían a fijar los lugares y fechas de las citas con los empresarios, lo que hacían a través el teléfono o por medio de notas depositadas en los buzones de los domicilios de las víctimas. Esas notas eran confeccionadas por Iñaki Arrietaleaniz mediante una máquina de escribir que fue encontrada posteriormente en su domicilio o mediante otra de la sede de HB en la localidad guipuzcoana de Bergara.

En las citas establecidas con los empresarios, era negociada la cantidad a pagar y modo de pago, teniendo la última palabra Almorza, con quien los restantes terroristas tenían que consultar. Cada emprsario tenía asignado un código numérico, que se consignaba en las cartas y notas que le remitían una vez verificada su dirección.

El dinero entregado por los extorsionados era depositado en un "zulo" construído bajo la indicación de Almorza por Arrieteleaniz y José Javier Lazkano en el Monte Igueldo de San Sebastián que fue hallado por la policía tras la desarticulación del "comando".

El fiscal acusa a Luis Echeverría de encargarse de localizar los lugares para las citas con los empresarios, envindo en alguna ocasión las cartas entregadas por Almorza y depositando las notas en los buzones de los domicilios de las víctimas. Además, le atribuye la adquisición de un scanner para controlar la presencia policial.

Por su parte, estima que la misión de José Ramón Ayastuy era comprobar los domicilios de los empresarios para facilitar el depósito de los sobres con las notas y de localizar lugares para las citas con los empresarios de Bilbao, acudiendo en una ocasión a la cita con el industrial Isidro sabiaga, a la que éste no acudió.

En total, el "aparato financiero" de ETA logró obtener durante esa etapa un total de 15 millones de pesetas de 2 de los 7 empresarios, a los que inicialmente exigieron un total de 125 millones de pesetas en concepto de "impuesto revolucionario". Esa cuantía fue además recuperada por la policía tras la desarticulación del "comando".