Además, el miniterio público pide que los 4 presuntos terroristas, René Valenzuela, Alexis Corvalán, Ramiro Silva y Gonzalo Boye, indemnicen con un total de 200 millones de pesetas al industrial.

En su escrito de conclusiones, el fiscal señala que en 1987, ETA decidió secuestrar a Revilla con la finalidad de obtener dinero para financiar sus actividades, para lo que miembros de la organización terrorsta se pusieron en contacto con el MIR, que estaba dirigido en su aspecto político por René Valenzuela y en lo militar por Antonio Llorca, que está en situación de rebeldía.

Tras llegar a un acuerdo con ETA, dado que el MIR contaba con una organización apta para realizar la misión encomendada y una estructura que les permitía obtener dinero, armas, documentación y personal preparados para el manejo de todo tipo de armamento y explosivos, los dirigentes de la organización terrorista chilena empezaron apreparar la infraestructura necesaria para llevar a cabo el secuestro.

Así, en los primeros meses del año 1987 Valenzuela y Llorca se reunieron en Madrid con Alexis Corvalán, a quien los primeros entregaron una fotografía de Revilla y le indicaron la zona de Madrid en la que vive, ordenándole que se traslade a la capital de España para efectuar vigilancias sobre esta persona.

Una vez en Madrid, Corvalán alquiló un piso e inició las vigilancias sobre Revilla, viajando de nuevo a París en diciembrede 1987 para facilitar a Valenzuela un dossier con toda la información obtenida, entre ella horarios del industrial y fotografías de su domicilio y vehículo.

En las vigilancias de Revilla también participó desde principios de 1987 Ramiro Silva, quien formó parte de un comando de información que actuó en Madrid, donde sus integrantes se alojaron en sitios diferentes y desconocidos para los demás, por razones de seguridad.

Durante un año, hasta febrero de 1988, los presuntos terroristas estudiaron n itinerario de retirada tras el secuestro y continuaron con las vigilancias, en las que también tomó parte Gonzalo Boye, quien facilitó para ello su vehículo.

Simultáneamente, el MIR fue preparando el lugar donde iba a estar secuestrado Revilla y decidió que sería la finca situada en la calle Belisana de Madrid, propiedad de Antonio Llorca y Adela Puig, padres del procesado Antonio Llorca Puig. Allí, en el jardín de la finca, excavaron un habitáculo de 2,45 por 2 metros de altura, con el fin de ocultr a la víctima, según el fiscal.

Al mismo tiempo, Corvalán se reunió en París para ultimar los detalles con Valenzuela y otros dirigentes del MIR, desplazándose posteriormente a Madrid para realizar el alquiler de los coches que iban a utilizar y estudiar el garaje, y los movimientos de Revilla.

A finales de enero de 1988, la dirigente del MIR Ana Lidia Hidalgo, "La Rusia", que se encuentra en rebeldía, informó a Corvalan que el comando de ETA, un hombre y una mujer apodados "Tonua" y "Maria", qu va a ejecutar la acción va a llegar a Madrid y le encargó que los recogiese en la plaza del Callao, lo que hizo, trasladándoles a un piso que había alquilado en el distrito de Villaverde. Al día siguiente, la etarra le dijo que recogiese a otro miembro del comando, "Joseba", en la glorieta de Bilbao.

A primeros de febrero, Corvalán trasladó a éste último a recoger las armas a la plaza de Manuel Becerra, depositando el material en el piso que tenían alquilado y en el que los etarras estudiaron la docuentación facilitada por el MIR.

El día del secuestro, el 23 de febrero de 1988, Corvalán transportó a Madrid a los etarras, quienes llevaron a cabo el secuestro y trasladaron a Revilla al habitáculo especialmente preparado. Allí fue vigilado por miembros de ETA y del MIR hasta que tras el pago del rescate exigido fue liberado en el mes de octubre, tras 8 meses de cautiverio.

Durante el tiempo que duró el secuestro, Corvalán realizó varios viajes a Madrid para recibir dinero de Valenzuela, quienesposteriormente se trasladaron varias veces a la localidad francesa de San Juan de Luz para recoger su parte por la participación del secuestro.

Sin embargo, en las dos últimas ocasiones no recibieron ninguna cantidad "por lo que las relaciones entre ETA y el MIR chileno se deterioran, al no recibir la totalidad del dinero pactado". Por ello, Valenzuela ordena destruir la "cárcel del pueblo" donde estuvo secuestrado Revilla y deshacerse de la vivienda.

Posteriormente, Valenzuela creó con Boye y Siva dos empresas a través de las cuales blanquearon parte del dinero recibido del secuestro.

Por estos hechos, el fiscal considera que los procesados incurrieron en los delitos de pertenencia a organización terrorista y de detención ilegal y pide un total de 26 años de cárcel para cada uno de ellos.