El ex alcalde, para el que el Ministerio Fiscal solicita diez años de prisión, manifestó hoy que actuó en conciencia para facilitar el cobro a vecinos necesitados y que hoy "volvería a hacer lo mismo". García Villena está acusado de un delito de falsedad en documento público y otro de estafa.

La lleada del ex alcalde a la Audiencia se produjo en medio de los aplausos de las varias decenas de vecinos desplazados hasta la capital y ante la presencia de parlamentarios socialistas y de IU que acudieron a expresarle su apoyo.

El ex alcalde de El Padul declaró ante el tribunal que, cuando llegó al Ayuntamiento, advirtió un "auténtico problema moral" por el sistema vigente del PER, por lo que se vio en el dilema de firmar jornales no trabajados o permitir casos de verdadera necesidad económica entre su convecinos.

El procesado justificó su actitud de firmar peonadas no trabajadas a jornaleros que no tenían empresarios firmantes para impedir "que no se bautizara sólo el que tenía padrino".

García Villena dijo hoy tener constancia de que la Administración conocía los problemas derivados de la gestión del PER e incluso de las irregularidades que se estaban produciendo en los municipios.

El ex alcalde explicitó que algunos dirigentes municipales manifestaron al gobernador civil y el delegado e Trabajo la situación de caos que había en algunos ayuntamientos generado por la aplicación del PER.

Los braceros que hoy declararon en la Audiencia Provincial negaron haberse beneficiado de las firmas municipales en falsas peonadas. Sin embargo, los informes del fiscal ponen de manifiesto que fueron beneficiarios, aun siendo propietarios de cuentas corrientes con más de 10 millones de pesetas, fincas en producción, pisos y otras propiedades que conferían a sus poseedores la cualidad de no beneficiaros del PER.

Los 28 jornaleros, depurados de un lista total de 200, se enfrentan a una petición de penas de entre 1 mes y 5 meses por supuesta falsedad en documento oficial y otros cinco meses por estafa.

La fiscalía estima la inexistencia de delito en la actitud del resto de jornaleros beneficiarios de forma supuestamente irregular, al no tener otros ingresos económicos ajenos al propio PER.