El presidente de Greenpeace España, Xavier Pastor, acudió hoy a declarar en el juicio de faltas celebrado contra la organización ecologista, a raiz de la denuncia presentada por Tirme por un delito de coacciones. La vista, que quedó vista para sentencia, se celebró en el juzgado de instrucción número tres de Palma de Mallorca.

Mientras la defensa de los ecologistas pidió la absolución de sus clientes, aún reconociendo la autoría de la acción, si bien no la culpabilidad de sus consecuencias, l acusación particular elevó de cinco a diez millones su petición de indemnización a la vista de lo solicitado por el fiscal en sus conclusiones definitivas.

Xavier Pastor declaró que las coacciones "no van con nuestra organización, y prueba de que siempre hemos actuado pacíficamente, son los 25 años de historia que sumamos". Agregó que "tampoco pusimos resistencia alguna durante la operación policial de desalojo".

La planta incineradora de resíduos sólidos, que entrará en funcionamiento en 1996, enerará además electricidad, en virtud de un convenio en el figuran a partes iguales Gesa (compañía de gas y electricidad), Endesar, FCC, Dragados y Construcciones y H.I. Holding (Grupo Iberdrola).

La planta tratará alrededor de 300.000 toneladas de resíduos por año, de las que 200.000 procederán de la capital balear, y generará energía eléctrica que permitirá a Tirme facturar unos 1.200 millones de pesetas anuales.

Esta cantidad estará distribuída de la siguiente manera: un 60% de los ingresos pocederá de las tarifas eléctricas y el 40% restante de lo que deban pagar los ayuntamientos que utilicen los servicios de incineración.

El proyecto de construcción de la planta incineradora de Son Reus fue aprobado el año pasado por el Parlamento balear con el apoyo del PP y del PSOE, y los votos en contra de los grupos mixto y nacionalista. Hace unos meses se realizó una manifestación ciudadana convocada por la Plataforma contra la Incineradora y el grupo ecologista GOB, que reunió en la calle a más e 30.000 personas.