EL FISCAL PEDIRA MAÑANA CINCO AÑOS DE CARCEL PARA EL INTERMEDIARIO DEL "PETROMOCHO"

OVIEDO
SERVIMEDIA

Mañana miércoles comienza en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo el juicio contra el único procesado por el "caso del Petromocho", el intermediario francés Maurice Jean Luze, acusado de un delito continuado de falsedad en documentos públicos por el que el fiscal de la Audiencia Provincial, Rafael Valero, le pide 5 años de prisión.

Lauze es el único imputado por el escándalo de la fraudulenta inversión árabe en Asturias para construir una planta petroquímica, que provocó la dimisión del presidente autonómico, el socialista Juan Luis Rodríguez Vigil.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por Izquierda Unida, solicitará para Lauze una pena 12 años de prisin mayor, frente a la libre absolución que pedirá la defensa.

Maurice Lauze aseguró hace una semana en su comparecencia ante la comisión parlamentaria regional que investiga el fraude que mañana mostrará las pruebas que indican que los documentos con los que negoció con el Principado no son falsos, como se apunta desde el Gobierno regional.

En esta comparecencia, Lauze indicó que había recibido fuertes presiones del Gobierno regional para que el precontrato de la inversión se firmase en plena precmpaña electoral de los comicios generales, coincidiendo además con la visita de Felipe González a Asturias para inaugurar la planta química Du Pont. Además, afirmó que el Gobierno conocía el proyecto a pesar de que se negase desde Madrid.

El 18 de mayo de 1993 se anunció una supuesta inversión de 300.000 millones de pesetas en Asturias por un grupo saudí para construir una refinería en las cercanías de Gijón, que emplearía a 1.000 personas.

El anuncio de la inversión lo realizaron conjuntamente Rdríguez Vigil, el entonces consejero de Industria, Victor Zapico, el intermediario francés Maurice Jean Lauze, y el empresario asturiano Juan Blas Sitges.

Dos días después, el Saudí International Bank desmintió la noticia, y el éscandalo derivado del engaño al que fue sometido el Gobierno regional provocó la dimisión de Vigil y Zapico. Además el Gobierno regional presentó una denuncia por la falsificación de los documentos con los que se negoció.

(SERVIMEDIA)
19 Jul 1994
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