En esta acción terrorista, perpetrada el 22 de noviembre de 1988, resultaron muertos un niño de 2 años y un hombre de 38, y otras 88 personas sufrieron heridas de distinta consideración.

El fiscal solicitará, entre otras penas, 12 años de cárcel por un delito de terrorismo, otros 60 por dos asesinatos, así como 960 años por 88 asesinatos frustrados, y 120 años por lesiones graves.

Por su parte, la Asociación íctimas del Terrorismo (AVT), que ejercerá la acusación particular y la acción popular en dicho juicio, pedirá un total de 1.835 años de prisión para Parot, mientras que para Gonzalo Rodríguez Cordero y José Gabriel Zabala reclaman 1.847 años de cárcel, por su presunta pertenencia al "comando robacoches", encargado de proporcionar los vehículos utilizados en el atentado.

Para la AVT, concurren los agravantes de premeditación conocida y comisión de delito mediante precio, sobre todo en el caso de HenriParot, de quien señalan que "carecía de medios suficientes para vivir y el crimen, desde el año 1978, constituía su sustento y medio de ingresos regular".

Además, solicitará que se condene a Herri Batasuna (HB) como "responsable civil subsidiario" del atentado. La AVT argumenta que los hechos que son objeto del sumario ocurrieron "como reacción expresa ante la ruptura de las denominadas conversaciones de Argel, buscando asesinatos masivos con los que presionar al Ejecutivo español".

Las dos víctias mortales del atentado por el que será juzgado Parot fueron Luis Delgado Villalonga, hijo del secretario general de la AVT, Luis Delgado; y Jaime Bilbao Iglesias.

Los dos murieron cuando circulaban en sus respectivos vehículos por las inmediaciones edificio de la Dirección General de la Guardia Civil en el momento en que estalló el coche bomba.