Ollero negó estas acusaciones lanzadas contra él por el Defensor del Pueblo, Alvaro Gil Robles, quién informó la semana pasada al fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, de la "grave inacción" cometida en este caso por el fiscal jefe de Cádiz.

Según la versión de Gil Robles, Jaime Ollero recibió una denuncia en octubre de 1988 para investigar la presunta apropiación de droga y dinero aprehendidos a los narcotaficantes marroquíes detenidos en el puerto de Algeciras, y demoró la apertura de diligencias averiguatorias hasta junio de 1990, veinte meses después.

Jaime Ollero aseguró que no se pronunciará públicamente sobre la denuncia del Defensor del Pueblo hasta que no haya hablado con el fiscal general del Estado, "aunque tengo cosas que decir al respecto, y las contaré con abundancia en su momento", añadió.

FALTA DE MEDIOS CONOCIDA

Recordó que Leopoldo Torres tiene constancia de la falta de medios d la fiscalía gaditana y agregó que "lo que se entiende por demora en la Administración de Justicia es relativo".

"Hay personas", matizó el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, "que estiman que una demora determinada es excesiva, mientras algunas la consideran normal y otras piensan que se actúa con rapidez".

Por su parte, Alvaro Gil Robles manifiesta en su denuncia que de la lectura del informe abierto en la fiscalía de Cádiz, no se desprende que hayan continuado con las diligencias jdiciales sobre lo declarado por los interrogados, ni que hubiesen sido trasladadas a Manuel Gutiérrez de Luna, magistrado de Algeciras, que entendía del caso hasta que pasó a la Audiencia Nacional de Madrid.

LOS DETENIDOS

Los detenidos en la operación, algunos de los cuales continúan en prisión, son Luis Fernández Gallego, conocido como el "Lince" y uno de los más importantes traficantes de drogas del Campo de Gibraltar, y su esposa Antonia Pérez Chaves.

También figuran los inspectores de la Brgada de Estupefacientes de Algeciras Francisco Barreto Romaní, Antonio Javier López Alcaraz y Francisco Manuel Torreiro, y los de la escala básica Joaquín Arana Martín, Juan Romero Aranda y Manuel Gómez Suanes.

Posteriormente, resultaron detenidos otros cuatro agentes policiales: José Luis Gutiérrez González, Manuel García Zumaquero, Antonio Postigo Butrón y Enrique Fernández Sánchez.

Ocho de los policías implicados permanecen en la prisión provincial de Toledo y otros dos están en libertad proviional, al igual que la esposa de el "Lince".

Junto a los funcionarios, catorce civiles fueron igualmente arrestados, diez de los cuales son los que denunciaron ante el Defensor del Pueblo la presunción de corrupción de algunos policías.