Fuentes jurídicas informaron a Servimedia de que este criterio de la Fiscalía vasca se incluye en un escrito de seis folios en el que se argumenta en contra de acusar a Ibarretxe de un delito de "conspiración para cometer rebelión".

El fiscal sostiene que en el tipo penal de la conspiración debe existir violencia, con lo que no tiene en cuenta el argumento dado por los querellantes, respecto a que este acto de violencia no tiene por qué ser sólo físico.

A pesar de rechazar los argumentos del Foro Ermua en este punto, el Ministerio Público se refiere a que sobre el asunto debería pronunciarse el Supremo, por entender que el "plan Ibarretxe" afecta no sólo a la comunidad vasca, sino también a Navarra.

Hasta el momento el único pronunciamiento de los más altos tribunales españoles sobre el plan del "lehendakari" se ha limitado al Tribunal Constitucional, que rechazó suspenderlo por entender que el recurso que pedía esta medida, presentado por el Gobierno del PP, no tenía en cuenta que la propuesta aún no había sido aprobada por el Parlamento vasco.

La querella del Foro Ermua sobre la que debe pronunciarse el TSJPV, presentada el 13 de enero, argumenta que en 1998 PNV y EA "diseñaron una estrategia y firmaron un acuerdo con ETA para obtener la independencia de la llamada Euskal Herria" y para "imponer una modificación de hecho de la Constitución Española sin respetar los procedimientos de reforma en ella recogidos".

Aunque este acuerdo fracasó, los denunciantes entienden que pronunciamientos del "lehendakari", como anunciar la convocatoria de un referéndum ilegal, plantean un escenario de "desacato generalizado al Estado y de subversión del ordenamiento jurídico".