El fiscal del TSJ de Cataluña aseguró a Servimedia que las industrias que contaminan cuentan a menudo con el apoyo y la complicidad de las distintas administraciones, a las qe acusa de ineficacia, desidia e incompetencia para atajar los atentados que se producen contra el medio ambiente.

A su juicio, esta situación se produce por la influencia que tienen en las Administraciones públicas determinados sectores industriales y añadió que las propias empresas que contaminan ofrecen información que no es veraz.

Cataluña es, junto con Valencia y Madrid, la única comunidad que cuenta con una fiscalía dedicada exclusivamente a la persecución de los delitos ambientales.

Sn embargo, Pérez de Gregorio, partidario de crear juzgados especiales dedicados a cuestiones medioambientales, denunció los escasos medios, económicos y personales, con que cuentan los fiscales para investigar los actos delictivos.

Esta carencia es a menudo subsanada por las organizaciones ecologistas y los medios de comunicación, que aportan pruebas y datos sobre la actividad de empresas que atentan contra los recursos naturales, y la labor de la policía ambiental y el Servicio de Protección de la Nauraleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Respecto al nuevo Código Penal, el fiscal catalán dudó de que llegué a aplicarse, por considerar que ello no será posible si no se aumentan las dotaciones presupuestarias de los distintos juzgados.

Para José Joaquín Pérez de Gregorio, el nuevo Código Penal supone un avance en materia ecológica, ya que amplía el número de delitos contra el medio ambiente y permite actuar a través de los tribunales contra aquellos funcionarios públicos que promueven la degradaión ambiental ocultando o falseando datos.