Además, Burgos, que elevó a definitivas sus calificaciones provisionales, mantuvo su petición de cuatro años y medio de cárcel para los otros dos acusados, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez. El representante del Ministerio Público acusa a Navarro, Sáez y Ramírez de un delito continuado de falsedad en documento oficial.

En concreto, los tres militares están acusados de este delito por haber faltado a la verdad cuando atribuyeron una filiación que no era la suya a 30 de las 62 víctimas del Yak-42, el avión que se estrelló en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003, en la que fue la mayor tragedia de la historia de las fuerzas armadas españolas en tiempos de paz.

Navarro, Ramírez y Sáez fueron los militares que integraron el equipo médico enviado a Turquía por el Ministerio de Defensa para realizar la identificación de los cadáveres y que emitió los correspondientes certificados de defunción tras el accidente del Yak-42.

Los errores en la identificación de los cadáveres del accidente aéreo provocaron que fueran entregados a muchos de los familiares de las víctimas restos que no eran los de sus seres queridos. Esto tuvo como consecuencia que se enterrara o incinerara a personas que no eran los familiares que se creía.

El representante del Ministerio Público solicitó además que se imponga al general Navarro una multa de 30.000 euros y la inhabilitación especial por un periodo de cinco años, mientras que para Ramírez y Sáez pidió una multa de 24.000 euros e inhabilitación de cuatro años.

El fiscal Burgos considera que esta circunstancia provocó un "gran daño moral" a los familiares de las víctimas, por lo que pide que los tres acusados indemnicen con 25.000 euros a cada uno de los cónyuges, padres e hijos de los 30 fallecidos que fueron erróneamente identificados. La única modificación realizada por Burgos fue incluir a la aseguradora Zurich España como responsable civil directo.

Ante la indemnización solicitada, que en total alcanzará una suma astronómica, el fiscal solicitó que se considere al Estado responsable civil subsidiario por los errores en la identificación de cadáveres cometidos por los tres militares.

El fiscal Burgos dio lectura a sus conclusiones definitivas en la séptima sesión del juicio que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está celebrando por las identificaciones erróneas del Yak-42, después de que se diesen por reproducidas todas las pruebas documentales aportadas al proceso.