A juicio de Carlos Jiménez Villrejo, los fiscales expedientados nunca hicieron uso de los procedimientos democráticos para expresar su oposición al fiscal jefe, José Aranda, cuyo traslado fue improcedente.

El fiscal anticorrupción asegura también que el Gobierno no está dispuesto a renunciar al empleo del fiscal general del Estado para aplicar una acción penal determinada que pueda interesar en la ejecución de su política interior.

Según Jiménez Villarejo, Ortiz Úrculo fue destituido porque el Ejecutivo exige otras finalidadesque no están en la Constitución ni en la Ley, por lo que el fiscal plantea que es necesario reformar la Constitución para garantizar la independencia del Ministerio Fiscal.

"Cada vez que el Gobierno nombra un fiscal general y, por supuesto, cada vez que lo cesa se genera una situación de desconfianza, una situación de perplejidad. Yo creo, que no solamente para los fiscales sino para los ciudadanos porque, en principio, los fiscales estamos sometidos al principio de legalidad, de objetividad y de impacialidad, con lo cual nos obliga a actuar al margen de los criterios que tenga en cada momento sobre determinadas materias el poder Ejecutivo", asegura el fiscal en la entrevista.

Sin embargo, añade, "el nombramiento del fiscal general parece que empaña esta imágen y esta realidad... y por consiguiente, empaña una institución que es fundamental en el Estado de Derecho".

De acuerdo con las declaraciones de Jiménez Villarejo, esta situación hace muy dificil explicarle a los ciudadanos que "el fisca es un funcionario independiente, imparcial y objetivo, que cumple con su deber, porque parece que al final sea la prolongación o la 'longa manus' del poder Ejecutivo".

Sobre el nombramiento de Jesús Cardenal como fiscal general del Estado, el fiscal anticorrupción dijo que "lo que ha dicho el CGPJ me parece muy razonable" y, añadió, que Jesús Cardenal "es un hombre que ha demostrado en su ejercicio profesional un gran equilibrio y un gran sentido de la prudencia. Yo creo que puede y va a hacerlo muy ben".

"Yo, como fiscal que lo conozco desde hace muchos años, estoy absolutamente convencido de que es un hombre capaz de desarrollar su cargo con independencia, que es requisito fundamental para que el Fiscal General se ajuste estrictamente a la legalidad vigente, y que aquello que son convicciones, ideas o incluso creencias privadas no tengan reflejo en su actuación en la medida en que puedan entrar en contradicción con el ordenamiento jurídico y constitucional vigente", subrayó.

CESE INJUSTO

Jimenez Villarejo asegura en sus declaraciones que en el año 82, en plena transición democrática, cuando realmente los fiscales, en su inmensa mayoría nombrados bajo el sistema anterior a la Constitución democrática, pasan a depender de los gobiernos ya legitimados democráticamente (UCD y luego PSOE), "ningún Gobierno de estos se le ocurre hacer uso de ese precepto para destituir o remover a ningún fiscal jefe, y era un momento excepcional de la historia española porque era el inicio de la Democracia".

"A mi me parece que fue muy razonable lo que se hizo, porque estabamos todos bajo el principio de lo que se llamó la reconciliación nacional. Por consiguiente, haber sacado del baul de los olvidos, donde estaba ese precepto, para remover al fiscal jefe de la Audiencia Nacional pués, francamente, no me ha parecido nunca ni me pareció nunca procedente y así se lo he comunicado con toda transparencia al fiscal general del Estado, Ortiz Urculo", subrayó.

A su juicio, la autoridad de un fiscal jefe es abslutamente indispensable en la estructura del ministerio fiscal. "No puede haber fiscalía sin un jefe que dirija, que ordene lo que tenga que ordenar, y que encauce los problemas que una fiscalía puede generar. Y se ha creado una fiscalía prácticamente descabezada, prácticamente dirigida por uno de los fiscales expedientados y, eso, entra en contradicción con todo lo que es el planteamiento global de lo que debe ser el ministerio fiscal, sujeto a la legalidad, a los principios de jerarquía y de naturaleza dmocrática".

Jiménez Villarejo cree que los llamados 'fiscales rebeldes' no se han sujetado a los principios constitucionales entre los que se encuentran: el principio de legalidad y sobre todo el principio de jerarquía al que tienen que estar sometidos los fiscales a diferencia de los jueces.

A la pregunta de si hay intereses ocultos, inconfesables en la Justicia, el fiscal anticorrupción explicó que piensa que los jueces y fiscales no deberían tener más interés que el de servir a la legalidad cn absoluta imparcialidad y objetividad y "si alguien se aparta de esos criterios es que está dejando de ser un juez o fiscal constitucional. Si alguien se atreve a ir por ese camino, cosa que me parece una osadía y una audacia increible lo que debería ser objeto, caso de comprobarse tal cosa, es de la apertura de un expediente disciplinario cuando no de una persecución penal por un posible delito de prevaricación".

El fiscal incidió en que su opinión sobre este asunto, está dentro del terreno de la hpótesis y, precisó, que prefiría no concretar.