EL FISCAL JEFE DE NAVARRA NIEGA QUE HAYA INDICIOS DE CRIMINALIDAD CONTRA EL EX PRESIDENTE AUONOMICO URRALBURU Y SU CONSEJERO ARAGON
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El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, José María Félez, ha negado que la Fiscalía conozca la existencia de indicios de criminalidad contra el anterior presidente de la Comunidad Foral, el socialista Gabriel Urralburu, y su consejero de Obras Públicas, Antonio Aragón.
Félez se reunió el pasado jueves con miembros de IU y, tras la entrevista, éstos aseguraron que el fiscal jefe les había dado a conocer la xistencia de indicios de prevaricación en la gestión de los altos cargos socialistas, sospechas que se derivaban de las declaraciones de técnicos del departamento de Obras Públicas.
Varios funcionarios de Obras Públicas habían señalado tiempo atrás ante la comisión de investigación del 'caso Huarte' del Parlamento de Navarra que, durante el mandato de Aragón, se les imponía las empresas que debían resultar adjudicatarias de ciertas obras. Estos testimonios fueron ratificados, con alguna matización, ane la Fiscalía navarra.
Frente a las declaraciones realizadas por los miembros de IU, José María Félez salió hoy al paso para asegurar que no se habían detectado indicios de criminalidad y sí irregularidades administrativas que, en su caso, deberán ser investigadas por el Tribunal Contencioso-Administrativo.
Félez precisó, además, que las investigaciones fiscales en Navarra están, por ahora, paralizadas y exigió que no se instrumentalice políticamente a la justicia.
Portavoces de IU señalaronla pasada semana que la juez de Madrid que instruye el 'caso Roldán' es partidaria de remitir a Navarra la parte del sumario concerniente a Urralburu y a Aragón. Esta puede llegar a la Comunidad Foral el próximo mes de diciembre cuando, definitivamente, se levante el secreto del sumario que hoy se ha vuelto a prorrogar por un mes.
Estas diligencias se refieren a la información lograda en una cuenta de Suiza en la que, junto a cantidades de dinero, aparecen varias iniciales, como G.U. y A.A. (que podrín corresponder a Urralburu y Aragón) y otras que, se presumen, son de empresas constructoras que pagaron por la adjudicación de obras públicas.
(SERVIMEDIA)
04 Nov 1994
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