"Cuando las sanciones son para unos sí y para otros no, por los mismos hechos, se aprecia una finalidad politica oculta tras una custión puramente administrativa", dijo a Servimedia Gordillo, quien mostró su "profunda desmoralización" por el "varapalo" recibido.

Tras señalar que la sanción es una evidente injusticia, Gordillo recordó que en todas las fiscalías existen alumnos en prácticas, al tiempo que negó que los alumnos a los que se refiere el expediente recibieran sus clases. En este sentido, dijo que se trataba de los participantes en un Master organizado por el Colegio de Abogados de Madrid.

"Contaban con el apoyo delfiscal jefe de la Audiencia Nacional (entonces José Aranda) y con el del fiscal general del Estado (Carlos Granados), y además el presidente de la Audiencia Nacional (Clemente Auger) les prestó la biblioteca para que pudieran trabajar", insistió.

La polémica surge en torno a un escrito del entonces fiscal José Aranda, de fecha 27 de septiembre de 1996, en el que éste supuestamente aceptaba la participación de los alumnos en prácticas. El Ministerio de Justicia niega este documento.

Gordillo señal también que los alumnos "en ningún momento" participaron en sumarios considerados como "importantes" y que no realizaban informes ni calificaciones, en contra de las informaciones surgidas cuando tuvieron lugar los hechos, que apuntaban a la participación de los alumnos en sumarios como el del atentado de ETA contra el actual presidente del Gobierno, José María Aznar.

MUERTE DE UN PROFESIONAL

La sanción supone, según Gordillo, "la muerte para un profesional", ya que, independientemente del mes sin mpleo, conlleva cuatro años en los que la "falta" se mantiene en el expediente y aparece en cualquier tipo de concurso de traslado o ascenso.

De esta manera Gordillo no podría acceder, o lo haría en desigualdad de condiciones, a la plaza de teniente fiscal de la Audiencia Nacional, que está a punto de ser convocada y que este fiscal ejerce en las últimas fechas, y por la que ha mostrado interés en reiteradas ocasiones.

El fiscal aprecia una persecución contra él: "Tengo tres querellas en el Supreo y ahora esto, sin apoyo de ningún tipo". En su opinión, la sanción tiene un claro carácter político motivado supuestamente por su participación en algunos sumarios que consideró como "conflictivos", entre ellos los relacionados con los GAL.