En declaraciones a Servimedia, Camacho añadió que no es necesario modifiar la Constitución, sino que basta, entre otras cosas, con poner un plazo de duración al cargo de fiscal general del Estado, con determinar las causas de su cese y dotarle de una autonomía presupuestaria de la que actualmente carece.

Asimismo, apostó por que el candidato a la Fiscalía General del Estado comparezca ante la Comisión de Justicia e Interior para que se valore su idoneidad para el cargo.

A su juicio, estas y otras medidas deberían estar incluidas en el Pacto de Estado por la Justicia ucrito recientemente por el PP y el PSOE.

Camacho aplaudió la sugerencia de Grupo de Estado contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa en el sentido de que el fiscal general del Estado, una vez nombrado, no pueda ser relevado antes de concluir su mandato por ningún asunto relacionado con el desempeño de su labor.

"Claro, hay que tener en cuenta que es nombrado por el Gobierno y es cesado por el Gobierno, lo cual hipoteca mucho las decisiones que pueda tomar la persona que está a cargo de a Fiscalía General del Estado", dijo.

Por último, Camacho manifestó que el Gobierno debería explicar por qué no ha refrendado la Convención Penal sobre la Corrupción suscrita en noviembre de 1998 por 39 países.