García Ortiz ordenó este mismo viernes a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que intervinieron en el juicio del 'procés' que pidan la aplicación de la ley de amnistía a todos los delitos, incluido el de malversación, a los líderes independentistas catalanes, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont.

En concreto, la orden se dirige a los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, que esta semana remitieron un escrito a García Ortiz en el que defendían que no se puede amnistiar el delito de malversación a los condenados y fugados por ser “improcedente y contraria a las leyes”.

Poco después de conocer la orden del fiscal general, los cuatro fiscales del ‘procés’ han remitido un escrito de dos folios a García Ortiz en el que advierten que no acatarán su orden porque consideran la ley ilegal y adelantan que no firmarán el informe que el Ministerio Público remitirá al juez instructor, Pablo Llarena. Esta opción se contempla en el Estatuto Fiscal y supone que el propio fiscal general deberá firmar el escrito o encargar esa tarea a otro miembro de la carrera en el Tribunal Supremo.

La instrucción del fiscal general asegura que “procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados”.

Entiende García Ortiz que estos cuatro fiscales confunden en su informe el "ánimo de lucro" que exige el delito de malversación con el "enriquecimiento personal de carácter patrimonial" de aquellos hechos que la ley de amnistía considera no amnistiables. A su juicio, ese delito de malversación no es equiparable al “enriquecimiento personal de carácter patrimonial” y además sostiene que los hechos no afectaron directamente a los intereses financieros de la Unión Europea.

La respuesta de los fiscales del ‘procés’ reafirman así su voluntad de ir al choque directo con García Ortiz e invocan el artículo 27 del Estatuto Fiscal, que supone la celebración de la Junta de Fiscales de Sala, que deberá pronunciarse. Su posición, no obstante, no tiene carácter vinculante y el fiscal general tendrá la última palabra. La Junta de Fiscales de Sala se reunirá a partir de las 9.30 del martes.