A su juicio, las instituciones no están corruptas, no pudiéndose hablar de "generalización del fenómeno", aunque reconoce que se han producido en España "casos espectaculares de delincuencia económica relacionados con esta materia".

Granados recuerda que se encuentra en fase de trámite arlamentario el proyecto de ley por el que se crea la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción, con la que se pretende dar una mayor eficacia en la lucha contra la corrupción y que, en su opinión, estará especialmente potenciada por la adscripción a ese organismo de profesionales expertos y de unidades especiales de policía judicial.

En este sentido, el fiscal general está estudiando la posibilidad de organizar una serie de cursos a lo largo de los póximos meses con el fin de formar a fiscales especializados en delitos económicos, dada su complejidad.

En la memoria, Granados también expresa su especial preocupación por la necesidad de garantizar una adecuada y eficaz protección al medio ambiente, dado que "la naturaleza, a pesar de su grandiosidad y magnitud, no es una fuente de recursos inagotable", sino que tiene sus límites "y la normativa medioambiental no hace más que institucionalizar esos límites".

En su opinión, la fiscalía no puede er ajena a la problemática que plantea la defensa del medio ambiente, como demuestran las aportaciones sobre este tema de las memorias de las diferentes fiscalías, que recogen aseveraciones y críticas demostrativas de que para ellos la protección del medio ambiente es algo vivo que es necesario desarrollar, sin que la búsqueda de nuevas soluciones tenga que ser contraria al principio de legalidad.

INCENDIOS

En este sentido, el fiscal general se refiere también a la actuación de los fiscales frente alos incendios forestales, que debe ser rápida y diligente, y destaca la importancia de la prevención y la elevada incidencia de las actitudes negligentes en ellos.

A su juicio, sería conveniente en este campo buscar nuevas soluciones, que no tendrían que ser las mismas en todas las fiscalías, dada las diferencias climatológicas, orográficas y biológicas de las autonomías, así como establecer contactos y relaciones con las autoridades competentes con el fin de organizar y diseñar la estrategia más adecada.

También resalta la negativa incidencia de las negligencias en los incendios forestales, ya que de los 14.241 incendios habidos el pasado año, 2.256 tuvieron su origen en alguna imprudencia, por lo que aboga por un mayor uso de la figura penal de la imprudencia temeraria para atajar este problema.

Finalmente, Granados hace alusión al papel del ministerio fiscal dentro del Derecho Comunitario y señala que no hay un ministerio fiscal europeo dado que existen demasiadas diferencias entre los modlos continental y anglosajón, por lo que sería conveniente regular esa figura.