Así lo asegura Segarra en una entrevista publicada en el último número de la revista ‘Escritura Pública’, que edita el Consejo General del Notariado, recogida por Servimedia.

En esta entrevista, la fiscal de sala señala que la nueva Ley 8/2021 que adecúa el ordenamiento jurídico español en materia de discapacidad a la Convención de la ONU “dispone de los instrumentos y el impulso al cambio de paradigma: pasando del criterio de decisión en virtud del interés de la persona interpretado por su representante, al pleno respeto de las decisiones de la persona con discapacidad, dotada de todos los apoyos que precise”.

De esta manera, Segarra indica que, cuando esta situación no sea posible “las decisiones deberán adoptarse buscando lo que pudiera haber sido su voluntad, deseos y preferencias atendiendo, para llegar a esa conclusión, a su trayectoria vital, sus creencias, valores y hechos que hubiera tenido en cuenta la persona”. Así mismo, asegura que “ese cambio de mentalidad debe contribuir a romper inercias y sesgos y para ello los operadores jurídicos estamos plenamente implicados en la formación de nuestras plantillas”.

Segarra, galardonada con el premio del Foro Justicia y Discapacidad por su “desempeño en el control de residencias y pisos tutelados de mayores”, manifiesta que “se necesita avanzar decididamente hacia la atención sanitaria y social integrada” respecto al envejecimiento poblacional y las atenciones prestadas en las residencias de mayores, pues recuerda que hay que “abordar una reflexión sobre nuestro modelo residencial”, partiendo de “una mayor concienciación social sobre la importancia de ese colectivo, sus necesidades, derechos, preferencias, así como sobre el carácter heterogéneo de este grupo social”.

COLABORACIÓN JURÍDICA

En sintonía con la colaboración jurídica tras la puesta en marcha del seminario conjunto dirigido a jueces, notarios y fiscales por Foro Justicia y Democracia, Segarra declara la “importancia de este trabajo”, y afirma: “No hay camino para la eficacia en las metas propuestas que la alianza de cuantos podemos aportar algo a su consecución”.

Respecto al sistema de apoyo notarial, la fiscal coordinadora de discapacidad destaca la relevancia de estos funcionarios, pues expresa que tienen un importante papel “ofreciendo la información adecuada a cada situación personal y de manera adaptada a su comprensión”. Segarra señala como “adecuado” el dictado de las circulares informativas de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado, “que interpretan esta trascendente función”, y subraya “la responsabilidad del notario en hacer accesibles aquellos actos jurídicos que precisan su intervención”.

Así, Segarra declara que la garantía de la accesibilidad de todas las personas “abre enormes posibilidades para organizar nuestra vida tanto en el presente como de cara al futuro", sobre todo "para cuando no podamos realizar algunas cosas por nosotros mismos”.

Con la publicación de la Ley 8/12, la fiscal matiza que la potenciación de la autonomía de la persona con discapacidad o la desjudicialización efectiva "nos debe llevar a incrementar nuestra eficacia en la detección de los casos de desprotección, abuso o influencia indebida, o cualquier circunstancia que pueda provocar situaciones de desigualdad de las personas por razón de su discapacidad”.