Para los dos partidos que proponen la modificación, el deterioro de la credibilidad social de la figura del Fiscal General del Estado y su falta de independencia respecto del Ejecutivo hacen necesaria la modificación de su elección.

A juicio de Els Verds y de Nueva Izquierda, el candidato a la Fiscalía General del Estado deber comparecer ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso para ésta valore su idoneidad para el cargo, teniendo en centa sus méritos y trayectoria profesionales.

En este sentido, la Proposición de Ley que estudiará mañana el Congreso estipula que el candidato debe tener "reconocido prestigio" y "más de quince años de ejercicio profesional efectivo".

Asimismo, consideran que el mandato del fiscal general del Estado debe ser de un máximo de cinco años no renovables (hasta ahora es indefinido) y que debe ser cesado, o bien por alguna de las causas que establece el artículo 46 del Estatuto fiscal o bien mediante ua Resolución de la Comisión de Justicia e Interior.