Esta iniciativa se produce tras la petición de libertad para su cliente realizada hace varias semanas por el abogado de Aragón, una demanda que no ha sido aceptada por el ministerio fiscal.

En su escrito de contestación al letrado del ex consejero foral, la fiscalía sostiene que la solicitud de libertad no cuestion los hechos por los que Gabriel Urralburu y Antonio Aragón fueron enviados a la cárcel el pasado 1 de diciembre -cobro de comisiones por la adjudicación de obras públicas-. Añade que cada día existen más pruebas de que quienes fueran dirigentes del PSOE navarro cometieron cohecho, prevaricación e incluso un delito fiscal.

Tras reconocer que la prisión preventiva no puede tener carácter indefinido, la Fiscalía de Navarra indica que la alarma social por los presuntos hechos delictivos "ha disminuido notblemente" como consecuencia "del paso del tiempo".

Además, "sigue existiendo cierto riesgo de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia", al mantener intereses patrimoniales en Suiza.

Por todas esta razones, y siguiendo el consejo de la propia Audiencia Provincial de Navarra, el ministerio fiscal demanda al juzgado que instruye esta causa que revise la fianza interpuesta en su día a Antonio Aragón para eludir la prisión provisional, pero que no le conceda la libertad sin esta garanía.