El ministerio público requiere el parecer de la sala sobre la obligación de los partidos políticos de llevar libro diario, libro de inventarios y balances y libro de actas, tal y como defiende el instructor del caso, amparándose en la ley del Impuesto sobre Sociedads y el Código de Comercio.

Según el escrito, que fue notificado hoy a la sala después de que Barbero desestimara el recurso de reforma previo, los partidos políticos figuran sólo como sujetos pasivos del citado impuesto, del que se encuentran exentos, y en modo alguno esa sujeción les convierte en sociedades mercantiles por lo que no están obligados a llevar la misma contabilidad que éstas y más concretamente los citados libros de actas.

El fiscal subraya que el hecho de que los partidos político se vean sometidos a determinadas normas de la Ley del Impuesto, incluida la de presentación de declaraciones, no altera su naturaleza jurídica de sujeto pasivo, entre las que se encuentran también fundaciones o asociaciones, centrales sindicales, colegios profesionales, organizaciones patronales y cámaras oficiales.

"Una cosa es que la declaración del impuesto sobre sociedades se ajuste a la contabilidad que debe llevarse de conformidad con los preceptos del Código de Comercio (...) y otra que por es mera remisión a efectos de declaración se altere la naturaleza jurídica del sujeto pasivo sometido al impuesto, de manera que el mismo se convierta en sociedad mercantil por esa simple referencia formal", cita textualmente el recurso.

Para el fiscal, no se debe confundir tampoco la documentación que a efectos de contabilidad deben llevar los empresarios mercantiles con el resto de libros de carácter extracontable, como los libros de actas que deben llevar las sociedades mercantiles "exclusivamente". Insiste asimismo en que los partidos políticos deben acomodar su contabilidad a lo dispuesto en la Ley de Financiación de Partidos Políticos de julio de 1987 y estima que, por tal motivo se han vulnerado el derecho constitucional al juez natural predeterminado por la ley, ya que el fiscal niega la competencia de Barbero, como juez especial, para investigar la financiación del PSOE.

Por otra parte, el presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Enrique Ruiz Vadillo contestó hoy a la carta d protesta enviada por el Banco de España contra el registro efectuado en su sede por el juez instructor.

Ruiz Vadillo recuerda a la entidad que las discrepancias con la actuación de jueces y tribunales deben solventarse por la vía de los recursos y que, sólo a través de los conductos establecidos legalemente pueden actuar los mismos.