Según informaron hoy fuentes judiciales, el fiscal de la Audiencia Nacional señala que dichas declaraciones, efectuadas ante Moreiras dado que instruye el 'caso Macosa', deben ser remitidas a la Fiscalía Anticorrupción dado que ya ha iniciado un expediente sobre el supuesto cohecho y prevaricación por parte de Estevill y tiene previsto presentar una querella contra el vocal por esos hechos

Además, el fiscal ha pedido al juez que deje constancia de dichas comparecencias en el sumario del 'caso Macosa', aunque precisando que sin que las mismas surtan efecto en cuanto al fondo de la causa, por la que se investiga la presunta estafa por parte de los ex directivos de la entidad.

Por otra parte, el representante del ministerio público también ha dictaminado a favor de que Moreiras remita testimonio al decanato de los juzgados de Madrid de la denuncia formulada por Santos contra la Asociación de Defensa del Accionista, a cuyos directivos acusó de haberle pedido 60 millones de pesetas a cambio de retirar la querella que formularon contra ellos por el 'caso Macosa'. Estos hechos fueron desmentidos por el presidente de la asociación, Enric Casany, recientemente en declaraciones a Servimedia.

La pasada semana, el ex presidente de Macosa y otros consejeros de esa entidad denunciaron ante el fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, que habían pagado 30 millones de pesetas a Pascual Estevill, que entonces instruía el 'caso Macosa', para obtener la libertad de Federico Albiñana, ex consejero delegado de dicha sociedad, y revocar la orden de prisión dictada contra el ex subsecretario del Ministerio de Industria.

Posteriormente, los exdirectivos de Macosa ratificaron su denuncia ante el juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras, quien acumuló estas declaraciones a la causa.

Además de estas denuncias, Pascual Estevill también fue acusado en días pasados de cohecho por Lorenzo Rosal y Felipe Bertrán. El primero aseguró haber pagado 25 millones de pesetas al hijo del vocal para obtener la libertad de dos de sus socios, Pedro Olabarría y Luis Ignacio Romero. El segundo afirmó haber recibido una petición de 300 millones para conseguir el archivo de la causa que contra él instruía Pascual Estevill.