Rivera subrayó no obstante, que la incuestionable importancia humana y social del hecho no puede empañar la consideración penal del mismo como un delito de imprudencia, "que tiene, penalmente hablando, una transcendencia inferior a los delitos intencionales". Rivera indicó esta mañana que quiere dejar patente que no se está juzgando la proesionalidad de los acusados, "la cual está fuera de duda".

En opinión del fiscal, "los acusados no sólo son personas honradas, sino verdaderos profesionales, con una intachable trayectoria. Este ministerio considera que son responsables de una concreta actuación imprudente, y por ello les acusa".

El fiscal José María Rivera mantiene su acusación de un delito de imprudencia temeraria contra la directora del Hospital, las dos físicas de Protección Radiológica, las tres ATS que manejaban el aceleradr, su supervisor y el técnico de General Electric.

Considera el fiscal que el Hospital dejó en manos de una persona ajena al centro médico la seguridad de los pacientes, cuya protección radiológica le era exigible.

Una de las constantes del juicio ha sido precisamente la cuestión sobre quién debe proteger a los pacientes del exceso de radiaciones. El fiscal entiende que "a los pacientes se les debe proteger radiándolos adecuadamente. Y hemos de reconocer que, con toda claridad, la directora del cntro, Rosario Jaquotot, señaló que la protección de los pacientes era multidisciplinar, correspondiendo tanto a los médicos como a los físicos".

Por último, el fiscal ha dejado a criterio de la jueza, María José Gil Corredera, la fijación de la cuantía de las indemnizaciones, puntualizando que "la vida humana no tiene precio".