Según informaciones de la prensa boliviana recogidas por Servimedia, Soliz afirmó que no entiende el enfado de Repsol YPF tras la entrada de los fiscales en las instalaciones de Andina el pasado viernes para requisar documentación.

Es más, el fiscal ha pedido a la petrolera ayuda para investigar la denuncia de un contrato supuestamente irregular firmado con la brasileña Petrobras el 2002. Los fiscales investigan un presunto daño económico de unos 161 millones de dólares (alrededor de 125 millones de euros) contra el Estado por la firma de un acuerdo entre Andina y Petrobras para ajustar los precios del gas enviado a Brasil.

Repsol YPF tiene por ahora algo más del 50% en Andina, pero, según el decreto de nacionalización de los hidrocarburos aprobado el 1 de mayo por el Gobierno de Evo Morales, la petrolera estatal YPFB debe hacerse con el control mayoritario de la sociedad.

El fiscal Soliz ha afirmado, tras el comunicado de Repsol YPF amenazando con acudir a los tribunales internacionales, que "no sé por qué se incomoda Repsol. Si no tiene nada, no tiene por qué sentirse incómoda, no tiene por qué salir, nosotros le damos la mayor garantía a estas personas y a esos señores directivos de esa empresa".

"Le damos seguridad jurídica a la empresa Repsol para que trabaje con la mayor normalidad en este país, simplemente queremos que nos apoyen y nos colaboren con la información que pedimos", agregó el fiscal del Distrito de Santa Cruz, según las informaciones de la prensa boliviana.