El Ministerio Público sostiene que Fernando GarcíaJodrá y Lierni Armendaritz González fueron los autores materiales del atentado que acabó con la vida del concejal popular, mientras que Zigor Larredonda Muñoz y Laura Riera Valenciano Mendiolaza fueron los que suministraron la información necesaria para llevarlo a cabo.

El fiscal estima que García Jodrá y Armendaritz González, junto a José Ignacio Cruchaga Elezcano, del que no se ha podido averiguar si tuvo un papel en este atentado, formaban el "comando Gaztelugatze" de ETA, que actuó en el 2000 en Brcelona y varias localidades de su provincia.

García Jodrá reclutó a Zigor Larredonda para que les ayudase a recopilar información sobre miembros del Partido Popular, del PSOE, periodistas, empresarios, miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Para ello utilizaban artículos de prensa, el BOE, Internet, bases de datos municipales y seguimientos personales.

Larredonda fue quien señaló como objetivo directo al edil popular, de quien consiguió los datos de la matricul de su vehículo y los de su domicilio a través de Laura Riera Valenciano, aprovechando que ésta trabajaba como auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Tarrasa y tenía acceso a la base de datos de la Dirección General de Tráfico.

Riera Valenciano mantenía una estrecha relación de amistad con Larredonda y, a pesar de que conocía la relación de éste con miembros de ETA, le facilitaba datos periodicamente sobre posibles objetivos "asumiendo plenamente que tales informaciones eran destinadas a realizr acciones criminales".

El 14 de diciembre de 2000, con las informaciones obtenidas, García Jodrá y Armendaritz González colocaron en la furgoneta propiedad de la empresa en la que trabajaba Francisco Cano Consuegra una bomba de un kilo de explosivo industrial conectado a un temporizador.

Cuando el edil circulaba por una calle de Tarrasa, el artefacto explosivo se activó prococando graves heridas en Cano Consuegra, que posteriormente, y a pesar de que fue trasladado a un hospital de esa localidad le provocaron la muerte.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional entiende que estos hechos son constitutivos de un delito de homicidio terrorista y otro de estragos. Pide para García Jodrá y Armendaritz González 47 años de prisión por esos delitos, mientras que solicita 30 por homicidio para Larredonda Muñoz y Riera Valenciano.

Finalmente, reclama que indemnicen solidariamente a los herederos del concejal fallecido con 300.000 euros y que los dos autores materiales del atentado abonen también 1.71315 euros por los daños causados en el vehículo.