Burgos hizo estas afirmaciones durante la vista de apelación celebrada esta mañana por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para estudiar los recursos presentados por la Fiscalía y los familiares de las víctimas contra la decisión del juez Fernando Grande-Marlaska de archivar las investigaciones por los presuntos errores en la identificación de los cadáveres del Yak-42.

Tras el accidente aéreo, que tuvo lugar el 26 de mayo de 2003 en la localidad turca de Trabzón y que provocó la muerte a 62 militares españoles que regresaban de Afganistán, las autoridades españolas se equivocaron en la identificación de 30 de los fallecidos.

Por estos errores en la identificación y por el presunto falseamiento de los documentos oficiales que certificaron el fallecimiento de los militares españoles, el fiscal imputa un delito de falsedad dolosa al general de Sanidad Vicente Navarro, al comandante médico José Ramírez y al capitán médico Miguel Sáez.

Durante la vista, Burgos sostuvo que, en realidad, no se realizó ninguna operación de identificación de cadáveres porque no hubo ni tiempo suficiente para llevarla a cabo de forma exhaustiva ni medios materiales.

Debido a esta ausencia de una identificación real, los documentos generados a partir de esta operación, es decir, la lista con los fallecidos, los certificados de defunción y la necropsía, "faltan a la verdad" generando una transcendencia jurídica que, al enteder del fiscal, tiene relevancia penal.

Burgos fue claro al acusar al general Navarro de rellenar los espacios en blanco de la lista entregada por la autoridades turcas -correspondientes a los 30 cadáveres que no habían podido ser filiados- "arbitrariamente y sin niguna prueba".

Pero el representante del Ministerio Fiscal fue más allá y aseguró que en este delito de falsedad que imputa a Navarro, Saez y Ramírez, hubo, además, intención de dolo, porque, a pesar de saber que la filiación de los cadáveres no era correcta, continuaron con la realización de los documentos.

"Lo hicieron mal y lo sabían", aseguró Burgos ante la Sala para sostener la existencia de un dolo falsario en el comportamiento de los militares imputados.

OTROS IMPUTADOS

Los abogados que representan a los familiares de las víctimas del accidente aéreo coincidieron en su argumentación ante la Sala con lo expuesto por Burgos, con la salvedad de que ellos, además de a Ramírez, Saez y Navarro, imputan también un delito de falsedad a José Antonio Beltrán Oña, general del Ejército del Aire y encargado de coordinar las laborales de repatriación de los cuerpos.

En este sentido, el letrado Leopoldo Torres aseguró que Beltrán era el militar "de máximo rango jerárquico en la identificación de cadáveres" y que esta misión le había sido encargada directamente por el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo.

Este abogado aseguró que los cuatro imputados conocían al tiempo de emitir los certificados de necropsia y los certificados de defunción "que lo agregado en ellos no se correspondía con la realidad" por lo que cometieron un delito de falsedad dolosa.

Por su lado, el abogado de la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía Yak-42 (AFATY), Leopoldo Gay, pusó el acento durante su intervención en los daños morales producidos por "la falta de profesionalidad" de los imputados, con el consecuente perjuicio para los familiares que, en algunos de los casos, habían enterrado los restos de personas que no eran sus seres queridos.

Para Gay, la trascendencia penal de las actuaciones de Navarro, Saez, Ramírez y Beltrán "es evidente" y sus "negligencias" provocaron "un calvario" para las familias

Pero este letrado fue más allá y criticó la actitud de las personas que en aquella época eran responsables del Ministerio de Defensa porque, cuando las dudas sobre los errores en la identificación de los cadáveres eran más que evidentes, continuaron afirmando, a través de comunicados y notas informativas, que la labor de los militares en esta tarea había sido "perfecta"

Las acusaciones particulares también criticaron el hecho de que Grande-Marlaska utilizará la figura de sobreseimiento libre para archivar la causa, lo que significa que se le da a los hechos investigados la categoría causa juzgada.

Por su parte, los abogados defensores de los imputados Navarro, Saez y Ramírez solicitaron a la Sala la confirmación del archivo decretado por Grande-Marlaska al entender que el comportamiento de sus defendidos no se puede incardinar en ningún delito penal.