El fiscal Pedro Rubira hizo esta afirmación en el escrito hecho público hoy por el que pide al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska el archivo de la querella presentada por la asociación Dignidad y Justicia contra la alcadesa de Hernani, Mariam Betialarrangoitia, por un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas.

Si bien la querella de Dignidad y Justicia está dirigida contra la actual alcaldesa de Hernani, el origen de la denuncia es la declaración de hijo predilecto del etarra José Manuel Aristimuño y la asignación de su nombre a un parque de la localidad, una decisión que fue adoptada por el ayuntamiento el 24 de marzo de 1982.

El etarra Aristimuño murió en un cruce de disparos con la Policía que tuvo lugar en Vitoria en 1981.

La Fiscalía indica que "no procede aceptar la competencia para la querella interpuesta, ello sin perjuicio de que puedan acudir a la jurisdicción administrativa competente" que en su caso sería la jurisdicción contencioso-administrativa.

El escrito de la Fiscalía señala que el acuerdo del Ayuntamiento de Hernani por el que se nombró hijo predilecto aAristimuño y se le dio su nombre a un parque fue adoptado en 1982, es decir, ocho años antes de que el precepto legal alegado por Dignidad y Justicia fuese incorporado al Código Penal.

Además, ninguna de las personas contra las que se dirige la querella "participó en la adopción del acuerdo municipal y posterior colocación de las placas" con el nombre del etarra en el parque.

Esta misma tesis fue defendida por la Fiscalía el pasado 14 de marzo cuando solicitó al juez Santiago Pedraz el archivo de la denuncia contra el consistorio de Arrigorriaga (Vizcaya), por un caso similar.