Según Griñán, en estos acuerdos se establecen cauces de cooperación entre la Administración central y las de Cataluña y Andalucía para conseguir una gestión de la incapacidad laboral transitoria (ILT) y de la invalidez provisional "más eficaz y transparente" y controlar el gasto en estas prestaciones.

"Se trata", explicó, "de conseguir que esas prestaciones sociales cumplan la función para la que fueron creadas por el legislador". El ministro aseguró que estos convenios permitirán un ahorroimportante, que no cuantificó, ya que evitarán que se creen dos sistemas de gestión que actúen en paralelo.

Los acuerdos se ciñen al control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, agilizando y perfeccionando los sistemas de verificación de la incapacidad a través de revisiones periódicas de los trabajadores, la revisión de los casos de invalidez provisional existentes y la realización de pruebas complementarias para calificar la invalidez permanente.

Griñán, que indicó que Andaucía y Cataluña suman el 40 por ciento del gasto total en España en incapacidad temporal, anunció que su departamento tiene previsto firmar en breve convenios similares con la Comunidad Valenciana y Galicia.

En 1995, el presupuesto para incapacidad temporal asciende a un total de 533.675 millones millones de pesetas, lo que representa una disminución del 5,11 por ciento respecto al gasto del año anterior.

La mayor parte de esta cantidad se destina a ILT, un total de 466.671 millones de pesetas, u 1,81 por ciento más que el año pasado, y los 67.004 millones restantes a invalidez provisional, un 35,5 por ciento menos que en 1994.