Nevot hace esta consideración en el recurso que ha presentado ante la jurisdicción contencioso-administrativa de Cataluña, a la que pide que anule la multa impuesta por el Ejecutivo de José Montilla.

El nombre de este comerciante saltó a la luz pública durante la campaña de las pasadas elecciones generales, cuando el líder del PP, Mariano Rajoy, citó el caso de este ciudadano en un debate electoral como la prueba de los problemas del castellano en Cataluña.

En el recurso, al que ha tenido acceso Servimedia, se afirma que constituye un "atropello" que "se imponga coactivamente por los poderes públicos el uso de una determinada lengua".

"DEBER DE CONOCIMIENTO"

Según este escrito, que ha elaborado para Nevot la asociación Convivencia Cívica Catalana, el uso de la lengua "como libre desarrollo de la personalidad" está reconocido en los artículos 10.1 y 38 de la Constitución.

El recurso sostiene que la multa de 400 euros a Nevot por no rotular su establecimiento en catalán es un "acto ilícito", cuya ilicitud "aparece a simple vista".

En opinión del recurrente, "basta formular una sencilla pregunta para que esa ilicitud aparezca de forma diáfana: ¿puede una ley, estatal o autonómica, limitar la libertad de las personas de elegir la lengua a utilizar en las relaciones que traben entre sí?".

Nevot añade que "no existe en nuestra Carta Magna título alguno que habilite a los poderes públicos para imponer el uso de una lengua en las relaciones 'inter privatos'".

Este comerciante añade que la Constitución establece "un derecho a uso de las lenguas" y "un deber de conocimiento respecto a la lengua oficial del Estado, el castellano, pero en ningún caso un deber de uso".