El proyecto de ley que el Gobierno envió a las Cortes prevé la obligación de que un fedatario público participe en las operaciones de financiación que luego puedan acogerse al procedimiento ejecutivo previsto, tanto para proceder contra todos los bines del deudor como para proceder únicamente contra el bien financiado.

A juicio de Asnef, la intervención de notario o corredor de comercio "es innecesaria, ya que estos contratos están normados por el Ministerio de Justicia e inscritos por un registrador, que es también fedatario público".

Además, esta disposición legal encarecería el coste de la operación para el cliente, "lo que incidirá en un menor volumen de operaciones y en incrementar los plazos para su formalización", señalan las financiras en un comunicado.

Asnef se ha dirigido al Gobierno y los grupos parlamentarios para manifestar su preocupación por estos aspectos del proyecto de Ley de Venta a Plazos.