Aunque la propuesta del sistema de bonos fue retirada de la ponencia, Fernández Marugán reiteró el rechazo de los socialistas a la legalización de las aportaciones empresariales y a las donaciones anónimas porque al admitirlas la ley "nacería muerta".

Además de la financiación públic, el PSOE defiende la existencia de donaciones privadas siempre que respeten un límite máximo y una total identificación del donante, de forma que su nombre y su NIF figuren en la entidad bancaria en la que se hace el ingreso.

Todos los datos, incluida la cantidad y la fecha de la donación, deberá constar en un documento extendido por la entidad, y que figurará después en una Memoria explicativa que se remitirá al Tribunal de Cuentas para su correcta fiscalización.

Los socialistas quieren tambié que todas las empresas que hayan tenido cualquier relación económica con los partidos políticos remitan a este tribunal, si lo solicita, toda la documentación requerida sobre las operaciones realizadas.

Aunque el PSOE se declara abierto a la negociación, Fernández Marugán puntualizó que la transparencia "no se negocia" y, por tanto, serán "intransigentes" en este sentido.

La futura ley de financiación, insistió, no puede convertirse en una legalización de posibles "situaciones de hecho" irregulaes, ni en un "manto" que cubra eventuales comportamientos que no se ajusten a una total legalidad.

Ante la próxima reunión de la ponencia, el próximo miércoles día 10, Fernández Marugán explicó que no ha habido ningún contacto bilateral con el PP y que desde el aplazamiento de la reunión del pasado 29 de octubre la ley avanza "con más dificultad".

El portavoz socialista no quiso referirse a la postura de los demás partidos, pero subrayó la voluntad del PSOE para contribuir a que los hechos del paado que han "alarmado" a la sociedad no se repitan y a que la etapa de las financiaciones irregulares quede definitivamente cerrada.

Sin embargo, recordó que en las últimas semanas "desde varias fuerzas políticas" se ha reconocido que hubo un tiempo en que los partidos obtenían fondos al margen de la ley, de forma "tolerada y permitida".

Hoy, agregó, la sociedad rechaza expresamente cualquier síntoma de opacidad en la financiación de los partidos. La ley que lo regule debe ser, por tanto, "un maro de seguridad" para que los ciudadanos no teman un sacrificio del interés general en aras del interés económico de las fuerzas políticas.