Según esta interpretación, el conocmiento de que se había alcanzado un acuerdo con otro de los socios del Gobierno sin su conocimiento podría haber molestado a los nacionalistas catalanes, que han expresado hoy su enfado a través de su portavoz en la Ponencia, Josep López de Lerma.

Al parecer, el Grupo Popular hizo la propuesta de canalizar las donaciones menores de 250.000 pesetas a través de unos bonos que se podrían adquirir en entidades financieras. Estas serían las encargadas de conservar los datos del donante a disposición del Trbunal de Cuentas.

Los populares decidieron hacer esta propuesta como solución al callejón sin salida que supone el hecho de que PSOE e IU reclamen el conocimiento de la identidad de todos los donantes, a diferencia de CiU, que defiende la reserva de la identidad para las entregas menores a 500.000 pesetas.

Sin embargo, la respuesta de CiU ha sido tan contundente que en la reunión de la Ponencia de hoy no se ha producido ningún avance y tan sólo se ha acordado continuar los trabajos en una próximareunión.

Ante esta difícil situación el Grupo Popular no confía en la posibilidad de cumplir con el compromiso de aprobar la Ley de Financiación de Partidos Políticos este año, con el fin de que entre en vigor en 1998.