Así de contendente se mostró el ponente socialista de esta ley, Francisco Fernández Marugán, que consideró "embarrancada" la situación, después de casi un año con los trabajos paralizados.

El principal punto de discrepancia, según explicó a Servimedia, es el respaldo del PP y de sus socios nacionalistas a las donaciones de personas jurídicas, mientras que el PSOE quiere restringirlas a personas físicas, con la posibilidad de deducciones en la cuota del IRPF, e Izquierda Unida se opone a cualquer tipo de donación privada.

La reforma de la ley actual de financiación de partidos comenzó a fraguarse con la presentación de cinco proposiciones de ley de otras tantas fuerzas parlamentarias y que se intentaron unificar en una ponencia.

Sin embargo, en diciembre de 1997 el informe de la ponencia constató un "nítido desacuerdo" en el nivel de transparencia de la ley, ya que los socialistas acusan al PP de defender una ley "opaca" en el control de las donaciones.

Así, el informe de ponenciano ha cumplido el trámite siguiente, y aún no ha sido elevado a la Comisión Constitucional, encargada de redactar un dictamen sobre el texto, que después sería votado por el pleno de la Cámara.

TRES POSIBILIDADES

Según explicó Francisco Fernández Marugán, las posiciones siguen como al principio, con el PP y sus socios por un lado, y PSOE e IU por otro, defendiendo cada uno sus enmiendas.

En consecuencia, el diputado socialista contempla tres posibilidades en el futuro inmediato: la presentaciónde una norma distinta de la que salió de la ponencia, seguir adelante con este texto, que se aprobaría sin el respaldo del principal partido de la oposición, o dejar este proyecto pata la próxima legislatura.

Vista la situación y lo ocurrido durante el último año, Fernández Marugrán se inclinó por la tercera posibilidad, ya que es la situación "que se está imponiendo" después de un año con este texto "aparcado".

Incluso, admitió la posibilidad de que el Gobierno quiera dejarlo para más adelante,consideró como una prueba de ello la aprobación de la Ley de Restitución de los bienes incautados tras la guerra civil, cuyo objetivo era, en su opinión, "aliviar la situación de algunos partidos con los que tiene obligaciones parlamentarias".