Desde que el pasado martes se conoció la sentencia del Tribunal Supremo, varios líderes políticos, entre ellos algunos pertenecientes a partidos socios del Gobierno han insinuado que las prácticas irregulares de financiación se extendían a todos los pratidoS durante los primeros años de la transición.

Arenas indicó que la sede natural para responder a estas insinuaciones es el Partido opular y no el Gobierno, aunque sí señaló que"lo ideal en un sistema democrático es que quien sepa algo referente a una posible violación de la ley acuda a los tribunales".