En una nota de prensa, las Cámaras recuerdan que desde su implantación en 1992 este impuesto ha recibido críticas, ya que gravael ejercicio de la actividad económica con independencia de los resultados o de que exista o no afán de lucro.

No obstante, las Cámaras de Comercio manifiestan la necesidad de que la supresión del impuesto se haga garantizando la función censal que cumple en la actualidad. "Se corre el peligro de perder información sobre la mayoría de las empresas radicadas en un determinado municipio", advierten.