En abril del año pasado, el área metropolitana de Barcelona padecía el periodo de sequía más grave desde que se tienen registros fiables, y se enfrentaba a un déficit de 3,9 hm3 al mes a partir de octubre.

La planta desalinizadora de El Prat (Barcelona) aportaría 5 hm3 de agua al mes para cubrir esas necesidades, pero su entrada en funcionamiento no estaba prevista hasta junio de 2009, más de un año después.

Por esta razón, el Ejecutivo aprobó en el Consejo de Ministros del 18 de abril de 2008, no sin polémicas autonómicas, un real decreto ley de medidas "excepcionales y urgentes". En él se preveía una "conducción" para llevar 3,9 hm3 al mes de Tarragona (procedente de los "excedentes" de los regantes del delta) a Barcelona por un máximo de nueve meses (desde el otoño de 2008 a junio de 2009), si la situación no mejoraba.

SOTERRADO Y POR LA AP-7

El "minitrasvase", que evitaría restricciones a cinco millones de habitantes, transcurriría de manera subterránea en su mayor parte por la zona de servidumbre de la autopista AP-7. La financiación se tasó en unos 180 millones de euros y correría a cargo de la disposición adicional tercera del Estatut.

Los 3,9 hm3 de agua al mes coincidían "con el margen no aprovechado del volumen de agua que se destina al ámbito territorial de Tarragona", con lo que se trataba, según el texto, de una "reasignación coyuntural" de caudales.

El decreto se mantendría vigente hasta que Cataluña superara "las circunstancias de extraordinaria necesidad" que sufría, o hasta que transcurrieran 30 días de "pleno funcionamiento" de la desaladora de Barcelona.

A principios de mayo de ese año, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, se reunió con el consejero de Medio Ambiente de la Generalitat catalana, Francesc Baltasar, para firmar el convenio que desarrollaría estas infraestructuras entre el Consorcio de Aguas de Tarragona y el Sistema TER-Llobregat.

Un mes después (el 2 de junio), Espinosa reconocía que los embalses que abastecen a Barcelona se habían "recuperado" y que "no tenían ningún sentido" las obras para poner en marcha la conducción.