De acuerdo con estas fuentes, una de las cuestiones que debatirá mañana esta sala, integrada por el presidente de la Sala Segunda, Enrique Ruiz Vadillo, y por los magistrados Augusto de Vega y Luis Román Puerta, será decidir si la aceptación o denegación de la petición del suplicatorio corresponde a estos tres magistrados o si debe ser adoptada por el pleno de la Sala Segunda.

Asímismo, en su reunión de mañana los magistrados estuiarán también el trámite por el que cursarán la solicitud de Barbero y, en concreto, si acuerdan dar traslado de su petición de suplicatorio a las partes personadas en la causa y al fiscal del caso, Antonio Salinas.

Los magistrados De Vega y Puerta, que hoy se encontraban ausentes del Tribunal Supremo, recibieron copia del escrito de Barbero, que, tras su presentación a primeras horas de la tarde de ayer, permaneció en la caja fuerte del despacho de Ruiz Vadillo.

Por el momento, las partes persondas en el 'caso Marey' desconocen el contenido de la petición de Barbero, del que sólo recibieron hoy una providencia en la que éste les indica que ayer elevó sendos informes a la Sala Segunda solicitando el suplicatorio de Guerra y ampliando el del senador socialista Josep Maria Sala, querellado en el caso, para atribuírle ahora un presunto delito de asociación ilícita, según informaron a Servimedia fuentes jurídicas.

Dichas fuentes recordaron que durante la petición del suplicatorio de Sala, el magitrado les notificó tan sólo la parte dispositiva del auto por el que solicitaba poder actuar penalmente contra el senador, lo que fue recurrido por las defensas de los querellados.

En el supuesto de que la sala acuerde trasladar la petición del suplicatorio de Guerra al Congreso de los Diputados, el 'caso Filesa' permanecerá paralizado hasta que la Cámara Baja resuelva la solicitud, lo que se prolongará al menos durante dos meses.

La petición de suplicatorio sería trasladada en ese caso por el prsidente del Tribunal Supremo, Pascual Sala, al del Congreso, Félix Pons, quien dispondrá de un plazo de cinco días para enviarla a la Comisión del Estatuto del Diputado.

Esta, a su vez, deberá estudiar la solicitud antes de un mes, tras lo cual el pleno del Congreso decidirá en votación a puerta cerrada si accede o no a la pretensión de Barbero.