Sin embargo, no será hasta el próximo mes de septiembre cuando los 26 imputados en la causa comiencen a prestar declaración en la vista oral, dado que antes el tribunal deberá resolver las cuestiones previas que le planteen las partes, principalmente las defensas, entre ellas la posible nulidad de las actuaciones o la prescripción de algunos de los delitos de los que están acusados.

Ello provocará que una vez planteadas las cuestiones previas, el tribunal suspenda las sesiones para, "na vez resueltas las cuestiones planteadas, comenzar propiamente con el juicio oral en la primera semana de septiembre del presente año", según indica la sala en su auto.

En su resolución, el tribunal reduce a 52 el número de testigos que declararán durante el juicio, pese a que las partes habían propuesto un total de 484, siendo el abogado Marcos García Montes, que ejerce la acción popular en nombre de José María Ruiz Mateos y de Crhistian Jiménez, quien más testigos había pedido, 329.

La sala pecisa que acepta los testimonios de aquellas personas "que estén en condiciones de testificar sobre el conjunto de las actuaciones y actividades investigadas". Precisa respecto a los testigos que ya declararon en su día ante el instructor que comparecerán "únicamente los que de las propias actuaciones se deduce que pueden aportar algo en sus declaraciones, evitando así repeticiones innecesarias y declaraciones inocuas para el resultado del juicio".

Así, entre las personas que testificarán en la vista ral figuran el contable de Filesa, Carlos van Schowen, que destapó el caso, y el ex banquero Alfonso Escámez, quien había sido imputado en la causa por el primer instructor, Marino Barbero.

García Montes también ha propuesto como testigos para el juicio al secretario general del PSOE, Felipe González, y el vicesecretario de ese partido, Alfonso Guerra, sobre cuyas comparecencias el tribunal se pronunciará en los próximos días, ya que en su auto acuerda dar un plazo de 5 días al abogado para que indiqu las razones que en su opinión justifican la comparecencia de ambos, dada "la inconcreción del escrito de proposición de prueba".

Sin embargo, la sala critica en su resolución las solicitudes de testigos para el juicio hechas por García Montes y por el Partido Popular, personado también en la causa como acción popular, por "no estar debidamente justificadas, ni siquiera tímidamente justificadas en ninguno de los dos casos".

Así, indica que ambas acusaciones "en referencia a algunos testigos se lmitan a nombrarlos por apellidos, o a requerir la presencia de representantes legales de empresas que, en distintos supuestos, coinciden con los propios acusados o con testigos ya propuestos anteriormente, cuando no tienen nada que ver con las presentes actuaciones dado que dichos representantes no son los mismos que ejercían tales funciones en la época a la que se contraen los hechos ahora enjuiciados".

Por ello, afirma que dichas peticiones "deben ser rechazadas, por ser imprecisas, por ser repetitias, por ser inocuas y por su escasa o nula aportación al esclarecimiento de los hechos, incluso por la inviabilidad de las propuestas (por ejemplo no se pudo practicar la comisión rogatoria a la isla de Taiwan para el interrogatorio de Jean Claude Tochard, por carecer de relaciones consulares, con lo cual dudosamente se podrá obtener su declaración en el juicio)".

Agrega que "igual suerte debe correr" la petición del PP de practicar una prueba anticipada consistente en el libramiento de comisiones rogtorias a distintos países. "Peticiones", se dice, "que fueron rechazadas a lo largo de la instrucción, incluso después en las resoluciones de los correspondientes recursos de queja ante esta sala interpuestos y de las que tampoco se ha justificado su utilidad, repetimos, para el esclarecimiento de los hechos concretos a los que se contraen las presentes actuaciones".

Finalmente, acepta practicar durante la vista oral una prueba documental consistente en la lectura de parte de la causa, así como otra pueba documental anticipada consistente en requerir de Hacienda las declaraciones sobre el impuesto de sociedadaes realiadas por Enasa entre 1988 y 1983 y un informe sobre la regularización tributaria de la empresa Asea Brown Boveri entre 1989 y 1993.

También admite practicar en el juicio la prueba pericial consistente en la ratificación del informe realizado por los peritos de Hacienda a requerimiento del instructor el 20 de marzo de 1990 y encargar otros informes similares a los peritos propuestos po las defensas de algunos de los imputados, que deberán entregar a la sala antes del próximo día 31.

Además de Sala, Navarro y Galeote, también se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del próximo 1 de julio la ex coordinadora de finanzas socialista Aida Alvarez, su marido Miguel Molledo, así como los ex administradores de Filesa y Time Export y los directivos de varias empresas.

En concreto, Sala deberá responder de 13 delitos, Navarro de 16 y Galeote de 8, entre ellos asociación ilícta, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, malversación de caudales públicos y fraude.