De este modo, el tribunal estima los recursos interpuestos contra el auto de apertura de juicio oral dictado por el instructor de la causa, Enrique Bacigalupo, el22 de diciembre del pasado año y en el que el magistrado decidió sentar en el banquillo sólo a 7 de los 39 inculpados por el anterior responsable de las investigaciones, Marino Barbero.

En su resolución recurrida, Bacigalupo acordó abrir juicio oral por delitos fiscales y electorales al senador socialista Josep María Sala, al ex diputado del PSOE Carlos Navarro, a los ex administradores de Filesa Luis Oliveró y Alberto Flores, al socio fundador de Time Export Carlos Ponsa, al ex consejero delegado de l Viso Publicidad Iñigo Larrazábal y al que fuera interventor del PSOE en las elecciones de 1989, Ramón Moreda Luna.

Sin embargo, la sala, aunque alaba la "dedicación, el estudio y el exquisito tratamiento jurídico" de Bacigalupo, corrige la calificación que éste hizo y amplía los delitos contra 6 de los inculpados por el instructor, ya que deja fuera a Moreda Luna por haber prescrito el delito electoral del que estaba acusado, del que sobresee también a Navarro, Sala y Galeote.

En este sentido, ras indicar que ese delito prescribe a los tres años de su comisión, en este caso desde las elecciones de 1989, afirma que para acusar a una persona del mismo es necesario que se hayan realizado "actos procesales dirigidos contra el culpable de manera concreta e individualizada".

Esto, a su juicio, no ha ocurrido dado que contra ninguno de ellos se dirigió la querella original por esos hechos y, además, algunos de ellos, como Sala y Navarro, "nunca prestaron declaración como inculpados por tal infraccón".

Además, decide juzgar a otras 19 personas a quienes Bacigalupo había dictado el sobreseimiento, ya que señala que "resulta verdaderamente sorprendente" que si el magistrado no la acordó durante la instrucción, "se adopte posteriormente esa medida sin haberse practicado ninguna diligencia en las actuaciones que desvirtúen el contenido de las existentes, estimadas inicialmente bastantes para disponer la preparación del juicio oral".

Por el contrario, el tribunal no abre juicio oral algunos de os empresarios y banqueros que habían sido acusados de falsedad mercantil al considerar que este delito también ha prescrito, dado que han pasado 3 años desde su comisión y, además, declararon ante Barbero "con bastante posterioridad a la prescripción del delito", no así Sala, Navarro, Oliveró, Flores, Aida Alvarez y Miguel Molledo, a quienes se les mantiene ese delito.

De este modo, no serán juzgados por ello el ex presidente del Banco Central Alfonso Escámez, ni el directivo del BBV José Antonio Sáe de Azcúnaga, contra quienes el fiscal, Antonio Salinas, había dirigido la acusación.

DELITOS

Así, Sala deberá responder de 13 delitos -falsedad en documento mercantil, apropiación indebida, falsedad en documento privado, delito fiscal, contable, uso de información privilegiada, malversación de caudales públicos, fraude, exacción ilegal, tráfico de influencias, defraudatorio de contrato simulado, maquinación para alterar el precio de las cosas y asociación ilícita-, mientras que Navarro será juzgadoademás por los delitos contra la Hacienda Pública, falsedad continuada en documento mercantil y falsedad en documento público.

Galeote, por su parte, será juzgado por delito de uso de información privilegiada, malversación de caudales públicos, fraude, exacción ilegal, tráfico de influencias, defraudatorio de contrato simulado, maquinación para alterar el precio de las cosas y asociación ilícita, mientras que Aida Alvarez y su marido Miguel Molledo han sido imputados de los delitos de falsedad en docuento mercantil, falsedad continuada en documento mercantil, falsedad en documento privado, defraudatorio de contrato simulado, maquinación para alterar el precio de las cosas y asociación ilícita.

El resto de las personas que se sentarán en el banquillo de los acusados son directivos de empresas que tuvieron relación comercial con el 'holding' de Filesa, quienes deberán responder, principalmente, de delitos de apropiación indebida y fiscal.

En su resolución, el tribunal impone a cada uno de los nevos imputados una fianza de 10 millones de pesetas y mantiene la que ya había fijado para el resto Bacigalupo y decreta la libertad provisional de todos ellos, quienes deberán comparecer mensualmente ante el Alto Tribunal.

Por otra parte, la sala justifica el retraso en la conclusión de la instrucción de la causa, que hace ya más de 4 años que se inició, e la "amplitud y volumen" que tiene el procedimiento, por lo que "es lógico que de algún modo la complejidad de las actuaciones y las numerosísimas ruebas practicadas, junto a las también divesras infracciones penales investigadas y a los muchos presuntos inculpados llamados a aquellas, originen dilaciones dentro de lo permisible, así como también densas y estudiadas decisiones, ya del instructor en la resolución ahora impugnada, ya del ministerio fiscal o de las acusaciones al interponer aquí los recusos de apelación contra la misma".

"Tantas imputaciones inicialmente configuradas son producto del legítimo celo de los acusadores, derecho y obligción a la vez, pero también una dificultad añadida a la ya de por sí compleja actuación judicial", concluye.

Tras la notificación de esta resolución, realizada hoy, las defensas de los nuevos imputados dispondrán de un mes de plazo para remitir al instructor sus escritos de defensa, tras lo cual la causa será elevada a la sala para que fije la fecha del juicio, que podría celebrarse la próxima primavera.