La sala decidirá ese día si juzga sólo a esos 7 inculpados, entre los que figuran el senador socialista Josep María Sala y el ex diptado del PSOE Carlos Navarro, o si, tal como le pide el fiscal, abre juicio oral a las 16 personas restantes. En este grupo se incluyen el ex responsable de Finanzas del PSOE Guillermo Galeote, la ex coordinadora de Finanzas socialista Aída Alvarez, el presidente de CEPSA Alfonso Escámez y el ex directivo del BBV José Antonio Sáez de Azcúnaga.

Dependiendo de la resolución de la sala, el juicio por el 'caso Filesa' podría celebrarse antes de que finalice el año o, por el contrario, retrasarse unos mese más.

Así, de acuerdo con las mismas fuentes, la vista por la supuesta financiación irregular del PSOE tendría lugar en breve si el tribunal avala la decisión de Bacigalupo de abrir juicio oral a los 7 inculpados, mientras que se pospondría hasta el próximo año si la sala decide ampliar juzgar a otros imputados, dado que habría que dar a éstos un plazo para que presenten sus escritos de defensa.

El instructor del 'caso Filesa' dictó el pasado 22 de diciembre un auto por el que acordó abrir juiciooral por delitos fiscales y electorales a Sala, Navarro, a los ex adminstradores de Filesa Luis Oliveró y Alberto Flores, al socio fundador de Time Export Carlos Ponsa, al ex consejero delegado de El Viso Publicidad Iñigo Larrazábal y al que fuera interventor del PSOE en las elecciones de 1989, Ramón Moreda Luna.

Esta resolución fue recurrida por el fiscal del caso, Antonio Salinas, quien estimó que esas personas también deberían ser juzgadas por los delitos de asociación ilícita y falsedad en documeno mercantil, que el representante del ministerio público ya había apreciado en el escrito de acusación que elevó el 4 de octubre del pasado año al instructor, en el que pidió 8 años de cárcel para Galeote, 7 para Sala y 24 para Navarro.

Asímismo, el fiscal considera que también deben sentarse en el banquillo el resto de los 23 inculpados, a los que Bacigalupo decidió no abrir juicio oral al estimar que no habían incurrido en delito mientras que el representante del ministerio público considera que incrrieron en varios delitos, como falsedad en documento mercantil.

Tras la presentación del recurso, la sala dió 5 meses a las partes para que hicieran alegaciones al escrito del fiscal, plazo que concluyó el pasado 24 de junio. La presentación de otros recursos por los imputados retrasaron la vista de la apelación hasta el próximo día 28, en que el Supremo se pronunciará finalmente sobre la petición del fiscal.