El recurso fue interpuesto ante el Tribunal Constitucional ayer, día en que vencía el plazo para presentar eta impugnación, y en el mismo, la fiscalía estima que la resolución de la Sala Segunda pudo haberle producido indefensión.

Según informó hoy la Fiscalía General del Estado, la impugnación se limita exclusivamente a la parte del auto dictado por la Sala Segunda por el que decretó el sobreseimiento libre de dos inculpados en la causa, Iñigo Larrazabal, consejero-delegado de El Viso Publicidad, y José Ramón Lorenzo Elvira, director de Hauser y Menet, respecto del delito continuado de falsedad en document mercantil del que habían sido acusados por el fiscal.

Sin embargo, los dos deberán sentarse en el banquillo por un delito defraudatorio de contrato simulado, en el caso de Larrazábal, y por falsedad y defraudatorio de contrato simulado, en el caso de Lorenzo Elvira.

La sala entendió que el delito de falsedad documental, del que también fueron acusados otros imputados, había prescrito para estos dos implicados, dado que, según indicó en su resolución, prestaron declaración ante el entonces instrutor de la causa, Marino Barbero, en los meses de octubre y noviembre de 1994, esto es, "con bastante posterioridad a la prescripción del delito e incluso tuvieron conocimiento de los hechos una vez transcurrido el plazo de prescripción", que era de tres años desde la emisión de la última factura por el grupo Filesa, en mayo de 1991.

Sin embargo, el tribunal indicó que sí se podía abrir juicio oral por ese delito al senador socialista José María Sala, el ex diputado del PSOE Carlos Navarro y los ex admnistradores de Time Export Luis Oliveró y Alberto Flores, ya que declararon ante el juez entre 1992 y 1993, cuando todavía no había prescrito el delito.

Asímismo, señaló que dicho delito tampoco había prescrito para la ex coordinadora de finanzas socialista Aida Alvarez y su marido, Miguel Molledo, porque las diligencias de entrada y registro en el grupo de Empresas 2020, de la que era administradora, fueron realizadas en septiembre de 1992, declarando posteriormente ante el magistrado en junio de 199.

Según la nota de la fiscalía, en su recurso el ministerio público no impugna el sobreseimiento acordado por el tribunal respecto a otros imputados por este delito, ni a la apertura de juicio oral contra diversos acusados.

Explica que el motivo del recurso ha sido que el tribunal acordó de oficio dicha prescripción del delito de falsedad documental, "sin que en ningún momento diera ocasión al fiscal para alegar lo que estimara preciso acerca de su concurrencia, dando lugar a su posible indefensin".

Esto, añade, "ha traído como consecuencia el que se haya acordado la apertura de juicio oral respecto a una determinada acusada (Aida Alvarez) y el sobreseimiento libre por prescripción respecto a otros dos imputados (Lorenzo Elvira y Larrazábal Uribarterra), pese a la concurrencia en una y otros de indénticas circunstancias".