De este modo, corresponderá ahora al juez Barbero tomar la decisión de pedir a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que solicite al Congreso el correspondiente suplicatorio para poder proceder penalmente contra Guerra, dada su condición de diputado, lo que podría hacer la próxima seana.

Granados precisó que, en su dictamen, emitido a requerimiento del juez Barbero, el fiscal Salinas describe, no obstante, ls "dificultades técnicas" que entraña la imputación del delito electoral a Guerra, dado que no concurre en él la condición de administrador general electoral, única figura que, según el artículo 49 de la Ley Electoral, podría incurrir en dicho tipo delictivo.

De ahí que en el informe, el fiscal aluda a la posibilidad de la coparticipación de Guerra en dicho delito, lo queplantea grandes dificultades, dado que habría que definir su participación como inductor o cooperador necesario del delito electoral.

Granados señaló que por ello, la fiscalía "ni se opone ni pide" a Barbero que solicite el suplicatorio de Guerra, sino que en su dictamen "se limita a recoger esa dificultad y le aporta, para facilitar el trabajo al juez, un resumen de los hechos que obran en las diligencias".

El fiscal general, que dijo que el fiscal del caso está haciendo una "magnífica labor", n quiso dar su opinión sobre la petición del suplicatorio diciendo que "no quiero influir en una decisión que corresponde al juez instructor. El debe decidir si eleva a la sala la petición del suplicatorio".

Tras precisar que el deseo de la fiscalía es "colaborar al máximo con el instructor, de facilitarle la máxima agilización de la tramitación de esas diligencias", insistió en las dificultades que plantea este asunto y matizó que "si el tema hubiera estado claro, la fiscalía hubiera tomado una decisin en otro sentido".