La petición fiscal incluye además una fuerte indemnización de siete millones de pesetas para ambos y deja abierta la puerta para que las acusaciones particulares, entre ellas el Gobierno Autónomo, inicien acciones por la vía Civil para la rehabilitación del medio ambiente dañado por los vertidos de la factoría serrablesa.

Dicha rehabilitación ha sido fijada por la Diputación General de Aragón en 3.000 millones de pesetas. Luis Acín, consejero de Odenación Territorial del Gobierno de Aragón, ha indicado que "intentaremos ir contra la empresa para que se les pidan daños y perjuicios y que puedan hacerse cargo del costo".

Las peticiones de la Fiscalía parten de la denuncia presentada en diciembre de 1990 por la Confederación Hidrográfica del Ebro por los vertidos ilegales de INQUINOSA en el vertedero de Bailín de HCH, uno de los agentes contaminantes más poderoso del proceso de fabricación del pesticida lindano.

Las reacciones a esta petició no se han hecho esperar. Luis Acín se muestra confiado en la actuación de la justicia, "lo lógico es que el que la hace la pague" -ha dicho el consejero- Acín ha señalado asimismo que él se había sentido "castigado por la propia empresa" al tomar decisiones duras, como fue interrumpir el proceso de fabricación de lindano.

Desde la empresa, tanto el director general, Jesús Herboso, como el responsable de la factoría en Sabiñánigo, José Manuel Cuartero, se mostraron sorprendidos por la petición de la Fscalía y negaron su responsabilidad en el delito que se les imputa.

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