En opinión de Fiapas, el Real Decreto 922/20009, de 29 de mayo, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación para el curso 2009-2010 discriminan a las personas con deficiencias auditivas, ya que éstas no siempre logran el grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento establecido en dicha norma.

"Las personas con deficiencias auditivas, en la gran mayoría de las ocasiones, no se les reconoce el grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento a no ser que tengan otras discapacidades asociadas", recuerda esta organización.