Según Fiapas, el abuso de auriculares a alto volumen y la exposición constante en entornos ruidosos están provocando un alarmante aumento de casos de pérdida auditiva en la población infantil y juvenil.

"Ante esta preocupante realidad", Fiapas y la Comisión para la Detección Precoz de la Sordera (Codepe) inician un trabajo científico para analizar el impacto del ruido en la audición de los más jóvenes y promover estrategias de prevención eficaces.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que, para 2050, casi 2.500 millones de personas podrían presentar algún grado de pérdida auditiva.

Agregó que más de 1.000 millones de jóvenes están en riesgo de desarrollar una sordera evitable y permanente por el abuso de prácticas de audición inseguras, como el uso prolongado de auriculares a volúmenes elevados o la exposición frecuente a niveles de ruido excesivos en discotecas y conciertos.

De esta manera, apuntó Fiapas, "la pérdida auditiva por exposición al ruido se ha convertido en un problema de salud pública creciente.

DAÑO SILENCIOSO

El sistema auditivo de niños, niñas y adolescentes es especialmente vulnerable. La exposición recurrente a ruidos intensos puede provocar daños irreversibles en las células ciliadas del oído y puede, además, lesionar las sinapsis y las neuronas de forma directa. Estas alteraciones pueden traducirse en retrasos en el desarrollo del lenguaje oral, dificultades de aprendizaje y problemas en la comunicación, con un impacto directo en el rendimiento escolar y en la inclusión social y emocional de la infancia y juventud.

El nuevo trabajo de Codepe, que se desarrollará a lo largo de 2025, realizará una revisión científica exhaustiva y diseñará una propuesta de abordaje de la cuestión. Las conclusiones se recogerán en un documento científico que servirá de base para orientar y reforzar las políticas públicas en esta materia.

Este trabajo se enmarca dentro del programa de Fiapas ‘Promoción y Defensa de los Derechos de las personas con discapacidad auditiva y de sus familias’, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con cargo a la convocatoria 0,7%, y por la Fundación ONCE. Además, responde a los principios de la Ley General de Sanidad, que establece la necesidad de prevenir y reducir la aparición de nuevas discapacidades o la intensificación de las preexistentes.