Así lo apuntó en el Folleto publicado el último día en el que Ferrovial cotizará como compañía española, ya que a las 00.00 horas de este 16 junio se hará efectiva la fusión con su filial internacional, FISE, y su traslado a los Países Bajos.

La compañía, que pretende acogerse a este régimen fiscal especial, reconoce en el documento que existe un “riesgo potencial” de que las autoridades rechacen aplicarlo considerando que la fusión “no ha tenido lugar por una razón válida de negocio y sí por el principal motivo de obtener ventajas fiscales”, algo que es “expresamente rechazado” por Ferrovial. “En ese caso, las autoridades fiscales españolas pueden negar la aplicación del régimen especial y revertir las ventajas fiscales pretendidas”, apunta.

De hecho, la compañía explica las diferencias de tributación entre España y Países Bajos sobre las ganancias y dividendos, y apunta que, si las autoridades fiscales “concluyen” que evitar la tributación por estos dividendos “es la ventaja fiscal buscada”, pueden, “en consecuencia”, calcular “el impuesto de Sociedades adeudado” por la diferencia entre el valor de los activos transmitidos del grupo por el traslado y la base fiscal de dichos activos.

Así, reconoce que “el principal impacto derivaría de las ganancias por la transmisión de las acciones”, aunque subraya que “sólo el 5% de las ganancias estaría efectivamente sujeto a una tasa del 25% en Sociedades”. Además, señala que estas ganancias “se verían reducidas aún más por las pérdidas acumuladas y los gastos deducibles de Ferrovial, incluidos los gastos financieros y los créditos fiscales pendientes”.

“Si bien la compañía no cree que lo anterior afecte al negocio general o la situación financiera del grupo, el impacto fiscal dependerá de la tasación del valor de mercado de los activos transferidos que realicen las autoridades competentes, y no obstante podría resultar en un coste adicional significativo en el contexto de la fusión”, apunta Ferrovial.

“IMPACTO NEGATIVO” EN ESPAÑA

Asimismo, la empresa de infraestructuras reconoce que la operación podría tener potencialmente un “impacto negativo de su marca en España”, lo que podría generar un “efecto adverso en la posición competitiva del grupo y, a su vez, en “el precio de sus acciones y negocios, situación financiera, resultados de operaciones y perspectivas”.

En concreto, detalla que este impacto negativo sería resultado de “una posible percepción negativa del público” acerca de la operación, lo que “podría perjudicar la posición competitiva del grupo en comparación con otras empresas no afectadas por estos u otros posibles problemas de reputación”.