Así lo indicó en una conferencia con inversores y accionistas celebrada tras anunciar los resultados del primer semestre de 2022, en el que la compañía obtuvo 50 millones de euros en beneficios, tras registrar pérdidas de 184 millones en el mismo período del año pasado.

García señaló, en referencia a los reales decretos 3/2022 y 6/2022 aprobados por el Gobierno para revisar los costes de las obras públicas y adaptarlos a la situación inflacionaria”, que hay “algunas limitaciones”, ya que algunos materiales que “no se pueden aplicar” y la energía “está todavía fuera”.

“Estamos todavía luchando”, aseveró el director financiero, pues la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) presentó esta semana una propuesta para un tercer real-decreto con el que corregir las “deficiencias” de los dos primeros aprobados por el Ejecutivo.

Asimismo, indicó que estas fórmulas de protección pueden alcanzar al 50% de los contratos de la división en España, que son aquellos suscritos con administraciones públicas. En Polonia, donde existe una protección similar, el porcentaje de contratos se eleva al 60%, detalló.

En el conjunto de la división, García subrayó que el impacto neto de la inflación ha sido “cercano a los 50 millones de euros” en los primeros seis meses de 2022. Para el segundo semestre, el impacto será “cercano” a esta cantidad “debido a los conceptos que existen todavía en la cartera de pedidos” y “a menos que haya cambios en la protección”.