La petición de comparecencia fue debatida en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados a petición de Izquierda Unida y PNV, pero no llegó a ser votada, ya que ambos grupos la retiraron ante la confirmación por parte del PSOE de que Fernández de la Vega comparecerá a petición propia.

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, argumentó esa petición en la existencia de una "crisis institucional" entre el Gobierno y la Iglesia, o incluso entre el Estado español y el Vaticano, que no se puede zanjar únicamente con un comunicado del PSOE.

La vicepresidenta fue "la muñidora" de los acuerdos del Gobierno con la Iglesia y, por tanto, quien debe explicar su situación tras la concentración del pasado 30 de diciembre en defensa de la familia cristiana, "un alegato contra otros tipos de familia" y la legislación española.

Previamente, dijo, el embajador de España "o Nuncio de España en el Vaticano" tranquilizó al Gobierno sobre la convocatoria, pero ha demostrado ser una especie de "embajador doble".

La realidad, sentenció Llamazares, es que "la asonada clerical con respaldo del Vaticano" no ha tenido respuesta adecuada por parte del Gobierno, y por eso juzga necesaria la comparecencia de Fernández de la Vega.

Llamazares propuso a los diputados una reflexión sobre qué haría el Vaticano si los dirigentes políticos convocaran en la plaza de San Pedro una concentración a favor del pluralismo moral y de los matrimonios diversos con una conexión en directo del presidente del Gobierno "para que nos aleccionara a todos sobre las virtudes de las leyes españolas".

En ese caso, aseguró, el Nuncio del Vaticano sería llamado a consultas, y eso es lo que Izquierda Unida solicita en relación con Francisco Vázquez.

La petición de Izquierda Unida fue respaldada por el PNV, grupo que además había firmado la petición de convocatoria de Diputación Permanente porque para reunirla es necesaria la solicitud de dos grupos parlamentarios o 50 diputados.

En opinión de Joan Tardà, portavoz de ERC, aquella concentración fue "bochornosa" pero es la demostración de la pérdida de poder desde hace años de los sectores más progresistas de la Iglesia en favor de los más retrógrados, y el Gobierno ha dado muestras de actuar preso "de esos miedos".

Al Gobierno, dijo, "el tiro le ha salido por la culata" porque su intento de contentar a la Iglesia y debe aún asumir que los miembros de la jerarquía eclesiástica "no muerden" y, en todo caso, se les puede dejar que muerdan.

Para Francisco Rodríguez, portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), es evidente "la agitación" de la Iglesia contra la acción del actual Gobierno

Jordi Jané, de CiU, no quiso profundizar en el debate, toda vez que la vicepresidenta ya ha confirmado que comparecerá, previsiblemente el próximo jueves, y ésa será la ocasión de exponer posiciones sobre el fondo de la cuestión.

DEBATE PSOE-PP

La diputada del PP María Salom dijo que la posición de su grupo en este debate sería, en caso de votación, una abstención.

Juzgó "totalitario" el comportamiento del Gobierno basado en "insultos y descalificaciones" a los "millones" de personas que se concentraron en la plaza de Colón, olvidando que debe respetar la libertad de manifestación, de expresión y también la religiosa.

Acusó al presidente de "insultar a las familias y llamar hombre de paz a Otegi", y también le situó tras la detención de dos militantes del PP y del intento de "encarcelar" al presidente de la AVT para enviar el mensaje de que manifestarse contra el Ejecutivo "no sale gratis".

María Salom aseguró que la democracia española "se ha resentido" por la acción del Gobierno, entre otras cosas por su empeño de "imponer un laicismo obligatorio" dejando atrás el pacto constitucional que establece un Estado aconfesional.

La raíz del problema, sentenció, es que al PSOE "le sobran muchos ciudadanos para poder imponer su proyecto radical y sectario", entre ellos los dirigentes y militantes del PP, las víctimas del terrorismo y los católicos.

El socialista José Andrés Torres Mora confirmó que la vicepresidenta comparecerá ante la Comisión Constitucional y dejó para ese momento el debate sustancial, pero respondió a las acusaciones vertidas por los grupos que intervinieron previamente.

Torres Mora aseguró que "los cardenales de Colón son una cosa y la comunidad católica otra", y reiteró que la legislación criticada no se dirige "contra nadie" ni obliga a nadie.

Una pareja católica que tenga problemas en su matrimonio no está obligada a divorciarse como tampoco está obligada a abortar una madre católica con riesgos graves en su embarazo, e igual que la ley de matrimonio homosexual no fuerza a casarse a una pareja de hombres católicos.

El problema, sentenció, es que los dirigentes actuales del PP "forman parte de una triste estirpe de la derecha española, que en momentos decisivos, cuando ha tenido que elegir entre salvar su alma o salvar la patria, ha preferido salvar su alma y condenar la patria, aunque sea la patria de las libertades".