En cualquier caso, agregó, lo importante es que el conflicto competencial entre comunidades autónomas, ayuntamientos y la Administración central por la administración de las potestades recogidas en la ley no demore su aprobación, "porque lo que interesa en cualquier caso es su puesta en marcha cuanto antes".

Fernández Ordóñez, que dejará en las próximas semanas el TDC para ocupar la presidenci de la nueva Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE), indicó, no obstante, que el proyecto del Gobierno "es muy bueno, pero se puede mejorar aún más", ya que "hay aspectos que podrían modificarse para introducir mayores dosis de liberalización".

Sus recomendaciones se resumen en aumentar las garantías para que Telefónica no reciba un trato preferente en el proceso de liberalización, y en la oportunidad que ofrece la Ley de crear un ente regulador para el sector, independiente del Gobierno, sin sperar a la reforma de la LOT, la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, tal y como ha dicho Borrell que tiene intención de hacer.

Respecto a las condiciones de Telefónica para operar por cable, el presidente del TDC explicó a Servimedia que sería razonable vetar a la operadora controlada por el Estado durante 3 años el acceso a la TV por cable, para compensar la imposibilidad de los operadores privados de acceder a la telefonía básica por este mismo sistema de red.

A su juicio, este impediento a Telefónica provocaría que en su deseo de optar a los negocios potencialmente rentables del cable, como la TV, forzase al Gobierno a anticipar la libre competencia en la telefonía básica, con lo que se lograría adelantar la liberalización.

También planteó la conveniencia de aliviar la rigidez de la ley para permitir la entrada de los socios norteamericanos en empresas operadoras de cable de España, y se mostró a favor de reservarle al Gobierno la posibilidad de flexibilizar esas condiciones, com instrumento de negociación ante una eventual entrada de Telefónica en el mercado de Estados Unidos.

En cuanto al ente regulador, Fernández Ordóñez explicó que su creación en un plazo corto de tiempo permitiría acelerar aún más la libre competencia en las telecomunicaciones, porque evitaría los litigios entre operadoras ante el tribunal que aún preside y tendría capacidad para proponer cambios en las normas que agilicen la liberalización.